Como una bola de billar, el futuro de la Cámara Federal porteña rebota a tres bandas entre el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo. Por ahí talla, y tallará más todavía, la Corte Suprema. Una parte importante del “reordenamiento del Fuero Federal” se juega en ese escenario. Y todo es posible.

El viernes, una decena de candidatos a ocupar dos vacantes en la Cámara Federal desfiló ante el Consejo para las entrevistas personales. Pero esas dos vacantes pueden ser cuatro, o acaso tres. O tal vez ninguna. Las horas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara parecen contadas. La decisión que adoptaron ambos de no presentarse ante el Senado para una suerte de reválida de sus traslados desde sendos tribunales orales por decretos firmados por el expresidente Mauricio Macri terminó de sellar una suerte que estaba echada desde antes.

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La única posibilidad de que permanezcan en el tribunal es que la Corte Suprema de Justicia les de una mano. Pero la Corte ya dio señales de no avalar esa irregular designación. Un aval del Senado hubiera superado cualquier escollo, pero eso está descartado.

Hasta un sector del oficialismo de la corporación judicial entiende que no haber pasado por la Cámara Alta equivale a un virtual desistimiento de permanencia. Si los jueces del máximo tribunal no los bancan, Bruglia y Bertuzzi volverán a sus tribunales de origen. ¿Sólo eso? ¿Acaso la decisión de no presentarse ante el Senado podría interpretarse como una causal de mal desempeño y, en consecuencia, de juicio político? “Eso se verá más adelante”, respondió uno de los que deciden.

La Cámara quedaría así con cuatro vacantes: a las dos que forzó el macrismo (Jorge Ballestero, jubilado, y Eduardo Farah, trasladado a un tribunal oral en San Martín) se agregarían las de Bruglia y Bertuzzi. El Consejo de la Magistratura, que actualmente celebra un concurso para ocupar dos cargos, podría ampliar esa perspectiva y extenderlo hasta cubrir con los actuales candidatos todas las sillas vacías.

Tras las entrevistas del viernes se abrió un espacio de discusión para elaborar una o más ternas. Parecen bien perfilados los jueces en lo Penal Económico Diego Amarante y Pablo Yadarola; el ex conjuez de Casación y abogado del senador Oscar Parrilli, Roberto Boico; el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (aunque parece preferir otro destino); y la secretaria de la Sala 1 de la Cámara Ivana Quinteros, la única mujer entre los primeros diez postulantes, quien cosechó apoyos a uno y otro lado de la grieta.
Relegado parece haber quedado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y su colega Julián Ercolini directamente desistió de la competencia

Eduardo Farah pidió su traslado a un tribunal oral cuando Macri lo denostó públicamente por la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su deseo parece ser el regreso, a modo de desagravio. Pero hoy, en el Senado, los pulgares están para abajo.

Definido el escenario, lo que asoma en el horizonte es una carrera de tiempos. Podría ocurrir que el Senado resolviera rápidamente revertir las designaciones de Bruglia y Bertuzzi, que el Consejo postulara a sus reemplazantes, que fueran finalmente designados y la Cámara volviera a tener seis jueces titulares. Y que, luego, la Corte dijera que Bruglia y Bertuzzi estuvieron mal desplazados. ¿Entonces? Las dos palabras que con mayor frecuencia, insistencia y horizontalidad se escuchan en el despoblado cuarto piso del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema, son “escándalo institucional”. Últimamente sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Falta para eso.

Para las postulaciones se necesitan mayorías calificadas y, si bien el Consejo es uno de los pocos lugares donde las negociaciones todavía transcurren de manera racional y civilizada, el consenso no será fácil. Las viejas prácticas del “te acepto a este pero subime a este otro” persisten desde los tiempos en que Vicente Leónidas Saadi parecía tener la varita mágica para las designaciones.
¿Qué hará la Corte, entretanto? Por lo pronto, observar y analizar.

El martes pasado, por segunda vez en sendos acuerdos, se habló del pedido de “per saltum” de Bruglia y Bertuzzi. “Las ansiedades de los jueces no siempre coinciden con los tiempos del tribunal”, reflexionó un intérprete de la Corte.
No hay antecedentes de aplicación del salto de instancia, desde la sanción en noviembre de 2012 y su promulgación de hecho a principios de diciembre de ese año de la Ley 26.790.

La Corte está habilitada para intervenir ante situaciones de “gravedad institucional”. Y quien decide si existe o no tal gravedad es la propia Corte.
El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor (y mal disimulado enemigo) Ricardo Lorenzetti mandan mensajes a través de los diarios. Porque siguen sin encontrar un interlocutor fluido en el gobierno. De hecho, prácticamente no hay canales de comunicación, ni siquiera el institucional.