El exmilitar uruguayo Jorge Troccoli será juzgado por segunda vez en Roma por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Plan Cóndor. El represor, que ya fue condenado a perpetua por delitos cometidos contra ciudadanos chilenos y uruguayos, esta vez deberá responder ante la justicia italiana por la desaparición de una pareja argentina en Montevideo y una ciudadana uruguaya.

El proceso comenzó este jueves en la sala de la cárcel de Rebibbia. Troccoli estuvo ante los jueces de la Tercera Corte Penal de Roma en una audiencia de admisión de pruebas, en la que se comenzó a definir el calendario del debate, que comenzaría en enero del año próximo.

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Troccoli fue oficial de la Marina de Uruguay, donde se desempeñó como miembro del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), cuya sede fue utilizada como cárcel de presos políticos y, en paralelo, funcionaba como centro clandestino de detención y tortura. Allí, fue uno de los torturadores y cumplió además el rol de enlace con la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina.

En 2007, cuando era investigado por la justicia por esos hechos, se fugó de Uruguay hacia Italia. Como tenía ciudadanía de ese país, no pudo ser extraditado. En cambio, empezaron a realizarse en Italia juicios por sus crímenes.

En este debate está acusado por la desaparición de José Agustín Potenza y su esposa Rafaela Filipazzi, pareja argentina secuestrada en Montevideo en 1977. Potenza era militante peronista y trabajaba en la Biblioteca del Congreso Nacional y Filipazzi había nacido en Italia pero vivía desde su niñez en Argentina y militaba en el Partido Socialista.  

El 25 de junio de 1977 fueron detenidos en el hotel Hermitage. Fueron llevados al centro clandestino de detención de la FUSNA y luego trasladados de manera clandestina a Paraguay, donde fueron asesinados. Sus cuerpos fueron hallados en una fosa común en 2017 e identificados a instancias del Equipo Argentino de Antropología Forense.

También se investiga su responsabilidad en la desaparición de Elena Quinteros, docente y dirigente sindical uruguaya, quien fue secuestrada en junio de 1976.

Por primera vez en un juicio en el exterior, el Estado argentino se presentó como querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el secretario, Horacio Pietragalla, estuvo presente durante la audiencia preliminar. En la próxima audiencia del 27 de septiembre el tribunal definirá si acepta o no las distintas querellas: se presentaron además las familias de Potenzay Filipazzi, los gobiernos italiano y uruguayo, entre otros.

Esta no es la única causa por crímenes de la dictadura que avanzan en Italia. Está abierto el proceso de extradición contra el excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi y una causa penal contra el ex militar Carlos Luis Malatto, ambos prófugos de la justicia argentina que se refugiaron allí por tener ciudadanía italiana.

En el caso de Reberveri Boschi es investigado por secuestros, torturas y homicidios en San Rafael, Mendoza, cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en los tribunales. Si bien el pedido de extradición fue inicialmente rechazado, semanas atrás fue reabierto por la Corte Suprema italiana, que ordenó volver a analizar el caso.

Malatto, por su parte, actuó en el Regimiento de Infantería 22 de la provincia de San Juan pero no pudo ser juzgado en el país. Se escapó poco antes de iniciar el juicio en el que estaba acusado, beneficiado con una excarcelación masiva realizada por la Cámara Federal de Mendoza, integrada por los después condenados por delitos de lesa humanidad Otilio Romano y Luis Miret.

Los pedidos de extradición de Malatto, requerido por secuestros, torturas y homicidios, fueron rechazaos por la justicia italiana, por lo que se inicio una causa allá, que se encuentra en etapa de instrucción.