La tortura, desaparición y muerte del joven de Cutral Co, el encubrimiento, el accionar ilegal de los servicios, la manipulación de la causa y la impunidad, una vez más.
“Al salir a la luz el cuerpo de Omar, el mismo 6 de abril de 1994, Inteligencia comenzó a operar para que ni la justicia militar, ni la justicia federal pudieran determinar la verdad”, afirma el doctor Manuel Gastaminza, ex mayor del Ejército y oficial de Operaciones al momento de la desaparición de Carrasco.
El primer juez en investigar el asesinato de Omar fue Rubén Caro, quien en 1994 dio inicio a la causa conocida como “Carrasco I”.
El accionar de los servicios no pasó desapercibido y quedó señalado en el fallo dictado por el Tribunal Oral de Neuquén el 31 de enero de 1996. En esa resolución, los jueces Krom, Ingelmo y Vázquez señalaron: “Las tareas paralelas de investigación (…) contribuyeron a contaminar el juicio terminando por invalidar pruebas que pudieron ser relevantes”.
Carlos Rodríguez, periodista de Página 12, recuerda: “Era evidente la presencia de militares en el juzgado del doctor Caro. Los periodistas que cubríamos el caso veíamos entrar y salir oficiales que no estaban allí para dar declaraciones. Cuando finalizó el primer juicio, muchas sospechas comenzaron a confirmarse”.
Con el tiempo se comprobó que en Zapala operaban unos 30 agentes de Inteligencia, actividad prohibida desde la reforma de la Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988.
Cuando se inicia la causa por encubrimiento, denominada Caso Carrasco II, el juez Caro, ya sospechado por su mal desempeño, se aparta aludiendo violencia moral y es reemplazado por un juez subrogante, Bruno Bonetti quien recaba más información de la propia fuerza. Se centra en el accionar de los militares médicos que pudieron haber tenido a Carrasco en cautiverio. Bonetti también se aparta denunciando que el fiscal Luis María Viaut le impide la investigación.
El juez Guillermo Labate quedó a cargo de la causa. Comienza una investigación y confirma la presencia de personal de Inteligencia en el Grupo de Artillería de Zapala, pero la causa no avanzó y los siete militares investigados terminan sobreseídos. En el año 2006, existió un intento de llevar a juicio político a Rubén Caro por permitir que el Ejército manejara la causa pero también fue sobreseído.
La trama al descubierto
Estas tareas de Inteligencia estaban dirigidas por el general Jorge Miná, titular del área de Inteligencia militar durante la gestión de Martín Balza como jefe del Estado Mayor General del Ejército.
De la causa que llevó adelante el juez Labate, surgieron sospechas y datos concretos sobre la intervención del Departamento II (Inteligencia) del Ejército, al mando de Miná. Por ese motivo, el juez de Neuquén ordenó un allanamiento en el Estado Mayor del Ejército.
“Luego de algunos meses recibí en el diario un sobre con documentos. En él me daban el nombre del coronel Tepedino como hacedor del encubrimiento del caso Carrasco”, indica Carlos Rodríguez.
Carlos Alberto Roque Tepedino formaba parte del Estado Mayor del Ejército, había sido condenado por crímenes de lesa humanidad e indultado por Menem en el 89, y en el 94 se encontraba trabajando bajo las órdenes del general Miná.
La denuncia contra Tepedino fue como presunto “organizador” de las tareas de Inteligencia en el destacamento de Zapala, digitadas desde su despacho ubicado en el Edificio Libertador, donde estaba a las órdenes de Balza.
Otra línea de investigación, destaca que previamente a la aparición del cuerpo, el 18 de marzo de 1994, arribó al destacamento el teniente coronel Eduardo Víctor Jordán. La versión oficial niega su llegada, pero los medios de la época lo marcan como el primer agente de inteligencia en investigar el caso.
Belisle y Gastaminza, testigos (des)protegidos
Durante el proceso judicial, el capitán Rodolfo Correa Belisle declaró contra Martín Balza, y denunció que Inteligencia había interferido en la investigación. Por su parte, el mayor Manuel Gastaminza también señaló irregularidades y afirmó haber recibido amenazas por parte de Jordán.
Ambos oficiales fueron inicialmente incriminados por el poder militar. Sin embargo, tras ser sobreseídos por la justicia, el Ejército los sancionó y los suspendió de la fuerza.
Tanto Belisle como Gastaminza fueron vigilados de cerca por el capellán Daniel Becerra, un sacerdote que desde 1994 los frecuentaba. La última vez que lo vieron fue en 1995, cuando se presentó sin previo aviso en la casa de Gastaminza en Zapala, donde también estaba Correa Belisle. Sin rodeos, el cura les hizo una oferta: debían guardar silencio y, a cambio, uno podría irse a Italia y el otro a España para continuar sus carreras en el Ejército.
“El caso cerró a la medida de lo que necesitaba el poder político de esa época”, remarca Gastaminza y agrega que él supone que Carrasco murió a los 2 ó 3 días de su desaparición a causa de los golpes, coincidiendo con la versión del perito Alberto Brailovsky.
El informe de Brailovsky indicaba que Carrasco mal herido fue “guardado”, atendido por personal idóneo pero no totalmente capacitado y por este motivo muere. “Carrasco podía haber sobrevivido si lo hubieran atendido”, se lamenta Gastaminza.
La historia de Brailovsky resultó ser antagónica a la historia oficial y le costó la carrera al perito que fue retirado de la policía como médico forense.
“Creo que la decisión de hacer aparecer el cadáver, fue una decisión de altas esferas para minimizar el costo político, porque el caso ya estaba en los medios y eso tuvo como consecuencia que no continuara el Servicio Militar Obligatorio” concluye Manuel Gastaminza hoy defensor del Pueblo en la Ciudad de Zapala.
Luego de tres décadas, el caso sigue manteniendo incógnitas sin resolver y la cúpula militar nunca llegó a juicio. El pacto de silencio se mantiene y la verdad sigue oculta.
“Hasta el día de hoy, no se comprende por qué hubo tanta intervención militar en el Caso Carrasco. Solo vi un despliegue similar en el caso de María Soledad Morales”, reflexiona Carlos Rodríguez. Y agrega: “Por otro lado es improbable que un subteniente y dos soldados pudieran ocultar su cuerpo durante un mes. Esto sugiere que personal de mayor rango estuvo involucrado”.
Luego del análisis de 218 casos de desapariciones forzadas de personas en democracia en Argentina (1983-2021), la periodista Adriana Meyer elaboró una “síntesis de acciones” que se repiten en la mayoría de los casos, como si se tratara de un “protocolo para el encubrimiento”. El caso Carrasco cumple casi al detalle con cada uno de esos “ítems”.
1. No se da respuesta ni se toma la denuncia a los familiares de la persona desaparecida.
2. Siempre afirman que la víctima está en otro lado.
3. Los registros oficiales suelen estar adulterados.
4. La primera investigación del hecho siempre la hace la fuerza sospechada.
5. Las versiones falsas salen de las entrañas de la fuerza.
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6. Cuando aparecen los cuerpos casi siempre son hallados en lugares que habían sido rastrillados previamente.
7. Amenazas a familiares, abogados y/o testigos.
8. Los agentes involucrados son trasladados y casi nunca reciben inhabilitación perpetua absoluta, siguen cobrando su sueldo en blanco y portando su arma.
9. El porcentaje de condenados es bajísimo, al igual que el número de superiores afectados.
10. Funcionarios con este tipo de antecedentes suelen “reciclarse” y hasta pueden llegar a ser premiados otorgándoles altos cargos.
* Tabla elaborada por Adriana Meyer en su libro Desaparecer en Democracia
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