Con el fin de evitar lo que se conoció en algún momento de la historia de nuestro país como “la fuga de cerebros”, el oficialismo celebró este miércoles la sanción, por unanimidad, de la ley de financiamiento para el sector científico y tecnológico en el marco de la segunda sesión extraordinaria del Senado de la Nación. El proyecto, que tuvo 59 votos positivos, fue acompañado en silencio por Juntos por el Cambio.

El ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza siguió el debate desde el palco de prensa como lo hizo el día que se debatió en la Cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto tuvo 5 oradores. Al empezar, la senadora Silvina Larraburu, expresó: “Esta es una iniciativa muy esperada por la comunidad científica y tecnológica, nos va a permitir tener una ley marco de financiamiento para el sector, vamos a otorgarle previsibilidad y asegurar su crecimiento más allá de los cambios de gobierno».

“Buscamos incrementar la infraestructura y el equipamiento, potenciar las actividades de investigación, promover la formación de nuestros profesionales y establecer un mecanismo que garantice una mejora en las remuneraciones», agregó.

Por otro lado, la representante de La Pampa, Norma Durango, resaltó: “Con este proyecto establecemos una política de financiamiento progresivo para el sistema nacional de ciencia y tecnología. Esto pinta cuál es la visión de nuestro Gobierno, contraria a la del anterior, que achicó el presupuesto y suspendió proyectos en marcha». En tanto que la oficialista, Beatriz Mirkin destacó “la previsibilidad y tranquilidad al sistema de ciencia y tecnología” que dará esta ley.

El senador Oscar Parrilli subió el tono del discurso al recordarle a la oposición: “Lo que hizo Macri de 2015 en adelante fue destruir o paralizar todo lo que habíamos hecho en doce años en ciencia y tecnología, desfinanciar proyectos de investigación del Conicet o paralizar el plan Raíces para el regreso de científicos del exterior, se paralizó el plan nuclear argentino, también agua pesada, no siguió adelante con el desarrollo del ARSAT, no hicieron nada de lo que nosotros habíamos realizado con el litio, licitaron parques eólicos”.

 “Lo que quiero que quede claro, es que la política de ciencia y tecnología no es aséptica y hay gobiernos y políticos que priorizan la ciencia y tecnología y otros que no. Las pruebas alcanzan porque quedó desmostrado en estos últimos cuatro años”, agregó.

El texto, aprobado el 11 de febrero en Diputados, declara de interés nacional el “Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación” en la Argentina. En ese sentido, propone un aumento del presupuesto del 1% del PBI de manera escalonada hasta 2032. 

Los fondos servirán para federalizar el sistema científico, incrementar la infraestructura y equipamiento, generar nuevos empleos de calidad y promover la formación de profesionales. La iniciativa tuvo dictamen de mayoría el miércoles pasado en una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Ciencia y Tecnología. Incorpora perspectiva de género y establece que el Jefe de Gabinete deberá remitir un informe anual respecto de la ejecución del presupuesto al Congreso de la Nación.

Pacto Fiscal a Diputados

Por otro lado, con el acompañamiento de parte del bloque de Juntos por el Cambio, el oficialismo también aprobó el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, contó con 49 votos a favor y 15 en contra.

Juntos por el Cambio votó dividido, acompañaron al oficialismo el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla. También la riojana Clara Vega  (Interbloque Federal), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El pacto, que no suscribieron Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Sergio Ziolotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saa (San Luis), propone extender por un año la suspensión de la baja gradual de ingresos brutos. También las disposiciones sobre los impuestos a inmuebles, sellos y otros tributos sub nacionales para dar alivio a las arcas fiscales. A cambio le pide a las provincias no endeudarse en dólares y no litigar por un año contra el Estado Nacional.