Cerca de las 15, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que limitó la aplicación de la ley del 2×1 a represores, después de que la Corte Suprema de Justicia habilitara ese beneficio a un condenado por delitos de lesa humanidad.

El proyecto establece que el 2×1 no será aplicable a «delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional», y que solo funcionará para quienes hubieran estado detenidos en forma preventiva entre 1994 y 2001, período en el que regía esa ley.

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El Senado comenzó a debatir las 10.30 el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que busca limitar la aplicación de la polémica ley del 2×1.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados con el consenso de todos los legisladores presentes y contó con 211 votos a favor y un único voto en contra, del salteño Alfredo Olmedo. 

Los legisladores del Frente para la Victoria cargaron contra el gobierno nacional por la designación de los dos jueces de la Corte que, junto a Elena Highnton de Nolasco, fallaron a favor del 2×1, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los senadores Pedro Guastavino y María de los Ángeles Sacnun cuestionaron al gobierno nacional por su política de derechos humanos al considerar que existe «una teoría negacionista» respecto «al terrorismo de Estado».

“El gran hecho desgraciado no es el 2×1 sino el sesgo ideológico de esta Corte que está dispuesta a convalidar el sistema injusto neoliberal que va a dejar millones de argentinos fuera del sistema», sostuvo la senadora y señaló que el fallo «es una amnistía encubierta».

El senador nacional Julio Cobos (Cambiemos-UCR) calificó como «un fallo inoportuno y sorpresivo» al emitido por la Corte, que «va en contramano de lo que Argentina viene haciendo en nuestro país en materia de derechos humanos y en materia de seguridad».

«Hace una semana poníamos en este Congreso restricciones a las excarcelaciones para que se cumplan las penas impuestas», remarcó.

La senadora nacional Virginia García (FPV-Santa Cruz), denunció hoy la existencia de «una complicidad civil» que «aún persiste» en torno a los delitos cometidos durante la dictadura militar y cuestionó a las «corporaciones mediáticas, políticas y eclesiásticas» que «no cuidan a las instituciones».

Desde el PRO, por su parte, la jefa del bloque oficialista Laura Rodríguez Machado negó que el Gobierno haya hecho «alguna jugada para que algún represor quede libre», y ratificó el «rechazo inmediato» de la gestión de Cambiemos al fallo de la Corte.

«Hay que contar la historia completa; no sólo pasó esto días atrás. Esta situación de no claridad permitió que esto pasara también en el 2013, cuando la Corte en un fallo dejó firme el 2×1 nada menos y nada más que para otro represor, Antonio Simon, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no recuerdo que saliera ninguna ley aclaratoria para que esto no ocurra nuevamente», sostuvo.