¿Se puede sanear un sistema informativo de fake news, y generar un círculo virtuoso consensuado para despejar a la opinión pública de desinformación, operaciones, tergiversaciones? Dentro de uno de los grandes desafíos comunicacionales globales de este siglo, potenciado al extremo por la preponderancia de las redes sociales, lograrlo parece, de mínima, una tarea titánica. Pero es urgente intentarlo. Con diversas adhesiones, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) promueve un Pacto Ético Contra la Desinformación.

La propuesta que las y los trabajadores de prensa decidieron acercar a diferentes sectores, especialmente al político, en el contexto de la campaña electoral 2021, plantea un acuerdo “de no difundir noticias falsas o maliciosas y llevar adelante campañas responsables, basadas en las propuestas que las y los candidatos ofrecen a los votantes”. Además, la mayoría de las fuerzas políticas que competirán en las PASO recibieron la propuesta para evaluarla y poder firmar el acuerdo de cara a las elecciones de medio término.

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Aunque la iniciativa está centrada, en esta etapa, en la campaña electoral argentina de este año, su debate promete exceder largamente esta etapa política coyuntural. En diálogo con Tiempo Argentino, Pablo Jiménez, secretario adjunto de FATPREN y secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), desarrolló y analizó los motivos por los cuales la Federación decidió impulsar esta iniciativa que en las últimas semanas sumó el apoyo de las carreras de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Buenos Aires, así como de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), el Foro Argentino de Radios Comunitarios (FARCO), RedCom, la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (CADyPBA) y la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (Ucaya), entre otros.

“La decisión de la Federación de impulsar esta discusión, este debate, esta necesidad de encontrar un acuerdo –un pacto termina siendo un acuerdo- entre diferentes sectores de la vida social, política, tiene que ver con lo que estamos experimentando a nivel de comunicación e información, que es una ola de desinformación, de fake news, de noticias que no son correctas, ciertas. Noticias que son absolutamente inexactas, o que tienen medias verdades mezcladas con medias mentiras, otras que se manipulan. Y la verdad que eso nos preocupa muchísimo porque, una herramienta fundamental en el sistema democrático es el sistema de medios, de  comunicación, de información a través del cual nuestro pueblo se entera y conoce lo que está pasando. A través de eso conoce una gran parte de la realidad”.

“Las decisiones, incluso, que uno toma desde que sale de su casa hasta que se va a trabajar, hasta de proyectos familiares y demás, tienen que  ver con lo que uno recibe de los medios. Y si esa información está viciada, es mentira, o tiene cosas de mentira mezcladas con verdad, o directamente es una manipulación, bueno, perjudica a nuestra sociedad y a nuestro sistema democrático. Nosotros, como periodistas, como comunicadores, tenemos una gran responsabilidad, la de (ayudar a) construir un sistema de información sano, para que tengamos una democracia de una calidad cada vez mejor. Vemos que eso está muy deteriorado, y esa desinformación, esas fake news, se incrementan, se vuelven exponenciales en época de campaña electoral”, marcó Jiménez.

Desde luego, los periodistas, los comunicadores, son solamente una parte del sistema informativo, donde la mayoría de las “grandes decisiones” informativas pasan por otro lugar, como, por ejemplo, las empresas de medios con una línea editorial e intereses propios, las compañías dueñas de redes sociales, o los partidos políticos. Capacitar periodistas, y generar herramientas para empoderar a la ciudadanía contra las fake news, fueron otros de los aspectos abordados durante el lanzamiento de la propuesta presentado a comienzos de julio.

“Ahora estamos frente a una próxima elección, donde los argentinos tenemos que decidir el futuro de muchas cosas, y nos parece un buen momento para plantear este tema. Sabemos que es un tema que no solamente pasa en nuestro país. Pasa en todo el mundo. Y en parte, las empresas que manejan las redes sociales, las propietarias, lo han tomado. Y ellas fijaron criterios de autorregulación, de cómo limpiar el espectro de las redes sociales de noticias falsas y desinformación. Desde este punto de vista, nos parece grave, porque tenemos empresas privadas que definen y determinan qué es verdad, qué es mentira, qué es información. Me parece que ese espectro tiene que ser ampliado, y por eso la propuesta de este Pacto Ético, para ponernos de acuerdo de manera colectiva, entre diferentes instituciones, organizaciones, los sindicatos, los partidos políticos, cuya participación es fundamental”, planteó Jiménez.

La legislación, tema clave

Las redes sociales, en especial, constituyen una zona gris en cuanto a normativa, que brinda lugar, por ejemplo, a publicidades o propaganda política, sin que necesariamente se conozca quién las financia. Y los criterios para la distribución de la pauta publicitaria estatal también marcan otro punto pendiente de revisión y debate. Ambos temas, necesariamente, deben abordarse desde un debate multisectorial que culmine en una legislación acorde a nuevos criterios. “Nosotros también, junto a otras organizaciones, como cooperativas, con FARCO, incluso con Tiempo Argentino y otros medios autogestionados y cooperativos, estuvimos y estamos trabajando en una ley que permita, de alguna manera, regular la distribución de la pauta oficial en todo sentido. La pauta oficial nacional, provincial, local. Entendemos que también tendría que estar incluida toda la publicidad en campañas políticas, electorales. Venimos trabajando en eso porque entendemos que esa distribución tiene que ser clara, democrática, que permita que haya diversidad de empresas y medios y, sobre todo, del sector autogestivo, cooperativo, alternativo, que son los que, generalmente, quedan más relegados al momento del reparto y (sujetos a) la decisión, muchas veces, de un funcionario que participa de una secretaría y que, de una manera bastante individual, obviamente política, define dónde se ponen los recursos del Estado en materia de comunicación”, describió Jiménez.

“Allí, planteamos lo mismo: abrir ese espectro, tener una ley que nos permita actuar a distintos actores de la sociedad civil y organizada de nuestro país, para que esa publicidad garantice un sistema de medios de comunicación más democrático, plural y diverso. Y creo que en esto, el tema de la campaña electoral también puede ser incluido. Creo que la Cámara Nacional Electoral también está interesada en esto, y que incluso va a hacer una convocatoria a diferentes sectores. Todavía no nos han convocado, pero esperamos que también seamos convocados como Federación que representa a familias de trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país. No es la única herramienta, esto también es un proceso, que necesariamente deberá tener varios pasos, porque implica diferentes sectores, lógicas y dinámicas. Y para eso, se deberá trabajar en distintos aspectos, y con distintas herramientas, durante un largo tiempo”, concluyó.