La tragedia del submarino ARA San Juan, en la que se supone que murieron los 44 tripulantes aunque todavía no se haya confirmado oficialmente, disparó una serie de debates simultáneos. Se discute el funcionamiento de diversas áreas del Estado; la política de defensa desplegada por Argentina en las últimas décadas; la cantidad de presupuesto destinado a cuestiones estratégicas; la capacidad de brindar mantenimiento que tiene el país para un navío tan complejo. El abanico de debates y preguntas es inevitable. 

Hay otro elemento que esta tragedia, cuyas víctimas centrales son los tripulantes y sus familias, puso sobre la mesa. Un punto que no ha ocupado un espacio tan destacado en la agenda de los medios. Es la cantidad de despliegue militar que distintas potencias del mundo tienen en el Atlántico Sur. Se trata de una zona del planeta considerada estratégica por todas las potencias militares. 

Para analizar este aspecto y también el rol del gobierno nacional, Tiempo Argentino consultó a Elsa Bruzzone, secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida). Bruzzone suele expresar con mucha claridad su visión sobre los conflictos que tendrá el mundo en las próximas décadas, que a su criterio ya tienen como eje central el control de los recursos naturales estratégicos. De todos modos, al comenzar el diálogo con este diario, prefirió poner el acento en cuestiones muy puntuales sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan, para luego pasar a lo geoestratégico.               

«El sonar que detectó la explosión es parte de la red que supervisa las pruebas nucleares ilegales. Es una red, creada en 1996, cuando se firmó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Nosotros formamos parte desde 2003, cuando se promulgó la ley 25837 que nos incorporó. Son 89 los países miembros, abarca 391 bases científicas y 18 laboratorios, dos de lo cuales están en la CNEA», remarcó Bruzzone.   

«La Argentina recibió a las 10:51 del miércoles 15 de noviembre información de la explosión en el mar. Esto llegó a la CNEA. Otros países miembros del Tratado, como Austria, recibieron los mismos datos. Desde Viena llamaron por teléfono al gobierno nacional para avisar que algo pasó», continuó la referente del Cemida y, luego, se preguntó: «¿Por qué el gobierno silenció esto durante una semana? Se sabía desde el miércoles 15 y a la sociedad se lo dieron a conocer recién una semana después».

–¿Usted cree que hay algo más que mala praxis? 

–Me hago preguntas. Las respuestas todavía no las tengo. ¿Por qué el submarino navegó solo? Lo habitual en estas misiones de reconocimiento es que vayan acompañados por una unidad de superficie, que en general es una corbeta. La alerta de la explosión llegó y no se actuó. Además, si hubiera estado la corbeta el mismo miércoles 15, se podrían haber iniciado las tareas de búsqueda de inmediato. ¿Por qué el silencio de siete días?  Son preguntas y dudas que tendrá que responder la Justicia. Acá hay responsabilidades que tienen que asumir el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, el ministro de Defensa y el jefe de la Armada. 

–Esta tragedia también mostró el enorme despliegue militar que distintas potencias tienen en el Atlántico Sur y la importancia que le asignan…

–Sin duda que esto muestra el despliegue geoestratégico que tienen muchas potencias en la zona. El tema es que, a partir del 10 de diciembre de 1983, nuestro país produjo un desguace de las Fuerzas Armadas, en parte por las violaciones a los Derechos Humanos y los horrores de la última dictadura. Sin embargo, esto desembocó en una delegación de la política de defensa en el Comando Sur creado por Estados Unidos. Se estableció de modo muy taxativo que el país no tiene hipótesis de conflicto. A mí me parece raro esto para un país que tiene enormes reservas de agua, de petróleo, de biodiversidad, y que además tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, que es lo que pasa en Malvinas. 

–¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que la Argentina debería evaluar?

–Los documentos de los países centrales hablan de un siglo de conflictos por las posesiones de agua dulce, de biodiversidad. Hay guerras hoy mismo por recursos naturales estratégicos. Hay ofensivas coloniales contra los países africanos y latinoamericanos. En el Atlántico Sur se controla el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes. En las Islas Malvinas hay petróleo y en el océano hay nódulos polimetálicos, que sirven para la industria militar, la espacial y varias  más. 

–La Antártida también es estratégica…  

–Exacto. Ushuaia, Malvinas y las Georgias, son puertas para el continente Antártico, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo y que tiene  también reservas de hidrocarburos. En 2041 termina la prohibición para la explotación de recursos naturales de la Antártida. Es un acuerdo que está en el tratado Antártico del que somos parte. En principio, se supone, que el acuerdo se renovaría por 50 años más. Pero hay presiones de grandes corporaciones para que no sea renovado. Todo esto se juega en el Atlántico Sur. Son intereses geoestratégicos muy importantes y nosotros pareciera que no lo tenemos claro. «