A partir del estreno de la película Argentina, 1985, el emblemático Juicio a las Juntas Militares vuelve a estar en discusión casi 37 años después de las condenas a los excomandantes. El juicio tuvo un profundo impacto en la transición democrática: vinculó la vuelta de la democracia con la idea de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, convalidó los testimonios de sobrevivientes y fue la piedra basal de un proceso de juzgamiento que, con avances y retrocesos, hoy continúa. A pesar de ese tiempo transcurrido, tiene también una gran actualidad, entre discursos negacionistas y violencia política.

Para el sociólogo Emilio Crenzel, la película forma parte de «un pasado que todavía no ha pasado y que integra la escena judicial, política y mediática actual», y suma, además, la esfera cultural, ya que las dos películas argentinas que ganaron el Oscar (La historia oficial y El secreto de sus ojos) están vinculadas a ese tema, al igual que esta. «Hay una continuidad y una permanencia. Creo que la película viene a dar cuenta de eso y se inserta en un contexto especial de debate de la politización de la justicia y en alguna medida donde se ha judicializado la política», añade.

Crenzel es investigador principal del Conicet y profesor da la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Investiga desde hace años la transición democrática y es autor de libros y artículos sobre el proceso que llevó la creación de la Conadep, la publicación del Nunca Más y al juzgamiento a los jerarcas de la dictadura.

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–El estreno de la película se enmarca en una aparición cada vez mayor de discursos negacionistas de parte de dirigentes políticos

–También veo una justificación de las violaciones a los Derechos Humanos, que es tanto más peligroso que el negacionismo porque ya no busca esconder o negar hechos, sino que los justifica y enarbolan como legítimos. Si uno recorre la historia reciente Argentina va a encontrar estos discursos durante la democracia temprana, cuando hubo una campaña intensa contra la Conadep, contra el Juicio a las Juntas y Alfonsín tuvo que imponer el estado de sitio porque eran diarias las amenazas de bomba. Estos discursos no son novedosos, pero sí lo es que sean asumidos por representantes de la política que tienen cierto peso electoral. En 1983, estos discursos no eran asumidos por las representaciones políticas más relevantes y se fue convirtiendo cada vez en menos significativo a medida que el trabajo de la Conadep se fue difundiendo.

El Juicio a las Juntas militares.

–¿Cómo fue el proceso para llegar al juicio?

–Comenzó antes de la vuelta de la democracia. Carlos Nino y Jaime Malamud Goti (NdR: dos reconocidos juristas y filósofos del derecho) comenzaron a discutir la realización de algún tipo de justicia cuando estaban en Alemania con una beca de investigación. Se acercaron a diferentes dirigentes políticos para conversar esa posibilidad y encontraron en Alfonsín a alguien más receptivo. De hecho, durante la campaña electoral anunció el esquema de juzgamiento que luego puso en práctica al llegar al gobierno, señalando que no se iba a actuar con venganza pero tampoco como si en el país no hubiese pasado nada. En ese esquema se distinguían tres niveles de responsabilidad pensando fundamentalmente en la realización de algún juicio ejemplar que sancionara a los máximos responsables, a las Juntas Militares.

–¿Cuál era la postura de los organismos de Derechos Humanos en ese momento?

–La determinación del Movimiento de Derechos Humanos era el juicio y castigo a todos los culpables, que abarcara también a oficiales y suboficiales que habían intervenido en el sistema de desaparición forzada de personas. Buscaban que el gobierno democrático investigara a través del Congreso todas las prácticas del terrorismo de Estado.

– ¿Cómo se logra que finalmente se estiren esos límites al proceso de justicia?

–En realidad, la propuesta de Alfonsín de reforma del Código de Justicia Militar (NdR: para que fallos de la justicia militar pudieran ser revisados por la justicia civil) incluía la obediencia debida y permitía exculpar a la gran masa oficiales y suboficiales. Eso se vio afectado en el Congreso, cuando el senador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, introdujo una enmienda que excluía a los delitos «atroces y aberrantes». Alfonsín no advirtió que esa modificación suponía que quedaran excluidos todos los autores porque en realidad todos los delitos habían sido «atroces y aberrantes». Se impusieron de hecho los juicios y las causas se siguieron abriendo y eso condujo un creciente malestar militar y una intención de presión que llevó a una nueva Ley de Obediencia Debida. Por esa decisión Alfonsín pagó un precio alto, porque había llegado a las elecciones con una promesa de justicia que, pese a incluir los niveles de responsabilidad, para la gran masa de sus votantes suponía que ningún crimen iba a quedar impune.

–Hubo un primer intento de que fuera la Justicia militar la que investigara. ¿Cómo fue ese proceso?

–Alfonsín apostó a que hubiera un proceso de autodepuración de las Fuerzas Armadas, que pudieran reinsertarse en el proceso democrático, deslindando la responsabilidad de los máximos responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, pero no advirtió algo que era evidente: que había habido un compromiso corporativo de las Fuerzas Armadas en la llamada «lucha contra la subversión». Entonces, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en su dictamen sostuvo que las Juntas habían actuado según la legalidad y que en todo caso se debía investigar si los subalternos habían ido más allá de las órdenes y cometido delitos. Justamente ese era el segmento que Alfonsín no quería llevar a juicio, la gran masa de oficiales y suboficiales. Entonces en ese momento fue que la Cámara Federal recibió la llamada «Causa 13» para tramitarla en la Justicia civil, porque se entendía que el Consejo Supremo estaba denegando justicia.

El investigador Crezel.

–¿Cómo era el clima político en la transición democrática?

–Había un clima local, regional e internacional que conspiraba contra la apuesta que iniciaba la Argentina de llevar adelante una democracia con justicia. Las Fuerzas Armadas estaban corporativamente renuentes a aceptar alguna revisión de lo actuado y había un estado de ánimo de semi sublevación permanente. Cuando eran convocados oficiales a declarar, se organizaban asambleas en las unidades militares y se los iba a despedir a las estaciones de tren para apoyarlos. En algunas iglesias se oficiaban misas donde se convocaba a rechazar el Nunca más. Había constantes amenazas a los miembros de la Conadep, a los fiscales y el propio presidente Alfonsín sufrió atentados a su vida. Era un clima de gran tensión política, una democracia que tenía por antecedente 50 años previos de golpes de estado y que convivía en la región con dictaduras en Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay y con un clima internacional de Guerra Fría donde en América Latina, específicamente en Centroamérica, se libraban guerras civiles. Era un contexto muy complejo, en el que era muy difícil llevar adelante esa propuesta de una justicia que fuera ejemplar frente a una corporación militar que entendía que las Juntas Militares habían conducido exitosamente la «guerra antisubversiva» y que la victoria en esa guerra había permitido el regreso de la democracia.

–¿Qué importancia tuvo el juicio en ese contexto?

–Tuvo una importancia decisiva a escala nacional y también a nivel internacional. En el país, más allá de las disidencias con el fallo que dejó absueltos algunos comandantes con evidencia de responsabilidad, permitió instalar como la nueva premisa de la democracia en Argentina que la resolución de los conflictos sociales y políticos debe ser a través de la ley, del Estado de Derecho. A nivel internacional, la justicia penal había sido abandonada como herramienta para enfrentar los legados de violaciones a los derechos humanos desde los juicios de Nuremberg y Tokio. A partir del Juicio de las juntas, se produjo lo que una investigadora norteamericana, Kathryn Sikkink, llamó la «cascada de Justicia», una expansión de la utilización la de la justicia penal para enfrentar estos legados que, lejos de ponerla en riesgo, fortaleció la democracia en aquellos países donde se desarrollaron juicios.

–¿Cuál fue la influencia de la Conadep y el Nunca más en el Juicio?

-La Conadep fue la puerta de entrada al juicio. Había hecho una tarea prejudicial al reunir bajo una misma causa material probatorio testimonial y documental que sirvió de insumo central para probar la responsabilidad de las Juntas. Creo que sin ese trabajo previo de investigación, la fiscalía hubiera tenido un trabajo mucho más arduo. También caló en la escena claves narrativas e interpretativas que luego fueron asumidas por Strassera en la construcción de su alegato a lo largo del juicio.

–A la par del Juicio a las Juntas, el gobierno impulsó la «teoría de los dos demonios» y el juzgamiento de jefes de las guerrillas. ¿Por qué decidió avanzar así?

–Durante la campaña electoral, en ningún momento Alfonsín proponía el juzgamiento de las cúpulas de la guerrilla y lo incorpora entre el triunfo electoral y su asunción. Este enjuiciamiento simultáneo le permitía posicionar al gobierno en rechazo de todas formas de violencia, más allá de dónde viniese, y también permitía evitar la consideración de que se estaba actuando en función de una venganza de origen subversivo, como ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Esto tuvo fuertes consecuencias, porque de algún modo la militancia revolucionaria que había sido víctima de las violaciones de los Derechos Humanos evitó mencionar su participación en esas organizaciones porque estaba presente la estigmatización y la persecución judicial. El discurso militar negaba derechos a quienes habían participado en organizaciones revolucionarias: el «subversivo» no tenía derechos, era culpable. Para afirmar sus derechos, muchas personas tuvieron que negar su participación política en función de una presunta ajenidad con la violencia, una limitación a la idea del sujeto de derecho y al carácter universal de los Derechos Humanos, que van más allá de la inocencia o la culpabilidad. «

La película revive el juicio de 1985.
Respaldo oficial al film y al rol de las víctimas

Desde el juicio a las Juntas Militares, tras el retorno de la democracia en la Argentina, fueron condenados 1124 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, recordó la Secretaría de Derechos Humanos, el jueves, día del estreno de la película Argentina, 1985 que recrea ese proceso.

«La película Argentina, 1985 revive el juicio en el que la Cámara Federal, un tribunal civil, condenó a cinco comandantes de las Juntas Militares. Una sentencia emblemática, que reconoció la validez de los testimonios de las víctimas y la existencia de plan sistemático de exterminio», destacó la Secretaría que conduce Horacio Pietragalla en un hilo en su cuenta de Twitter.

El film fue también recomendado por el presidente Alberto Fernández: «Todos los argentinos deberían verla. Está muy bien que alguien se haya ocupado de plasmarla en una película en estos tiempos donde algunos descreen de la democracia», sostuvo.