Nadie se va. Nadie rompe. Aunque no se sabe bajo qué términos se inaugurará esta nueva etapa de convivencia dentro del Frente de Todos, ninguno de sus socios está dispuesto a mover fichas y perder posiciones en un tablero cada vez más maniatado. Mientras el presidente, Alberto Fernández, se rodea del equipo económico, el cristinismo pide que “enderece el barco”.

Este viernes el presidente mostró con quiénes piensa encarar lo que llamó la “guerra contra la inflación”. El ministro Martín Guzmán, su par de Agricultura, Julián Domínguez, el de Trabajo, Claudio Moroni, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el canciller, Santiago Cafiero,  la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco y Mercedes Marcó del Pont, de la Afip. A excepción de Domínguez, el resto ya integró mesas de diálogo sectoriales durante 2020 para trabajar en la búsqueda de los saltos inflacionarios dentro de las cadenas de valor. Poco resultado hubo.

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Ahora, tras la sanción de la ley que habilita al Ejecutivo a sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en medio de la guerra en Europa, de un lado y del otro de la frontera interna del oficialismo sostienen que habrá que barajar y dar de nuevo por la disparada de precios de commodities: energía y granos.

Esta corrida inflacionaria que desató el aumento de los precios ya trajo su primer chispazo, que, en realidad, no es más que la reactivación de una vieja pelea dentro del área. Es que, el secretario de Energía, el cristinista Darío Martínez, reclamó fondos para el pago del gas a su jefe, Martín Guzmán, a través de los medios al difundir una carta, con copia al jefe de Gabinete Juan Manzur. Y logró que se los enviaran en el mismo día.

Los otros commodities cuyo precio vuela son los granos, lo que también reavivó la tensión entre Julián Domínguez y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, funcionario que responde a Cristina Fernández, quien desde hace tiempo viene insistiendo con el uso de los derechos de exportación no tanto como una medida recaudatoria sino regulatoria de los precios. En tanto, Domínguez siempre fue reacio a la suba de esos derechos. La diferencia entre ambas posturas, por el momento, se saldó con la medida que anunció el presidente en su discurso del viernes: no se trata de una suba de las llamadas “retenciones” sino de la suspensión hasta fin de año del decreto que hace unos meses firmó el propio presidente, cuando las había bajado del 33 al 31%, con el tan mentado objetivo de promover la industrialización de la producción agropecuaria.

Es que las tensiones entre Alberto y Cristina se reproducen hacia abajo en todos los ministerios. En ese contexto, a falta de una instancia orgánica donde procesar el debate interno, el cristinismo se hizo afecto a la política epistolar para realizar las críticas, con el doble objetivo de hacerlas públicas y de que queden por escrito.

Es que, tal como sostiene la inserción en la versión taquigráfica de la sesión del jueves, que hizo el senador Carlos Parrilli, mano derecha de CFK, el Senado envió cartas al FMI en dos oportunidades. También se cuenta que hubo encuentros privados para hablar del Fondo.

“En las varias y diferentes reuniones que tuvimos con los funcionarios de nuestro Gobierno, los alertamos y les hicimos saber nuestra certeza de que el FMI seguía siendo el mismo de siempre, y que, si bien había que reconocer la deuda, deberíamos negociar de entrada la reducción de los injustos y expoliatorios recargos y sobretasas de interés”, sostuvo el senador neuquino en su texto.

 “Tuvimos reuniones sin resultados concretos, ‘vamos viendo’ nos decían. Sentíamos que en verdad no nos escuchaban o que solo creían en lo que ellos estaban haciendo y que lo nuestro no servía”, enfatizó el presidente del Instituto Patria.

Parrilli fue el que un día antes de la votación parafraseó a la vicepresidenta en su cuenta de Twitter: “Como dice Cristina, las elecciones no se ganan con la unidad de los dirigentes, sino gobernando para mejorar la calidad de vida del pueblo”. Esa frase, casi igual, fue la que les dijo la titular del Senado a los integrantes de los organismos de Derechos Humanos que la fueron a visitar el miércoles, tras la denuncia pública del ataque a su despacho, quienes le pidieron por “la unidad” del peronismo.

Si bien están rotos todos los puentes, por el momento en ambas trincheras dentro del oficialismo nadie piensa en poner fin a la coalición. Dentro del grupo de los funcionarios que acompañan al presidente, los “rupturistas” perdieron la apuesta. Del otro lado, tampoco existe ninguna intención de retirarse. Ni siquiera -como se especuló- partir los bloques parlamentarios en subloques, ni mucho menos abandonar las posiciones dentro del Estado, como les exigían.

La encargada de comunicar la intención del kirchnerismo de permanecer dentro de la coalición y del gobierno fue la senadora cristinista Juliana Di Tullio. “No hay una pelea en el Frente de Todos que sea más importante que la realidad argentina”, sintetizó en diálogo con El Destape Radio. “No soy ninguna irresponsable. Pienso distinto y mi pelea no es con el presidente ni con el ministro Guzmán, mi pelea es con la pobreza, es contra el Fondo y los estafadores. Soy peronista. No puedo ni quiero vivir en un país con el 50% de pobreza. Hay que concentrarse en lo que le pasa al pueblo argentino, hay un solo presidente. A mí me sigue teniendo el presidente Alberto Fernández para enderezar este barco», sentenció.

Según pudo saber este diario, los dichos de la senadora no constituyen un mensaje de bandera blanca. Son más bien la advertencia de que las críticas seguirán cada vez que el kirchnerismo considere que el presidente no está representando los intereses del pueblo. Nadie se va. Ambas partes están obligadas a convivir hasta las PASO de 2023, en una paz armada.  «

Piedrazos: presunta detención errónea

Familiares y amigos de uno de los detenidos por el ataque al despacho de CFK difundieron un comunicado para reclamar por la detención errónea de Jaru Alexander Rodriguez, un militante social y migrante venezolano. Su abogado Martín Alderete apuntó: «Jaru fue a manifestarse y no hay elemento que lo vincule a un hecho delictivo».

Rodríguez trabaja en una app de delivery y vive hace siete años en la Argentina. Desde entonces participa en distintas organizaciones sociales, colaborando en ollas populares y espacios comunitarios. Actualmente, forma parte de un comedor y huerta comunitaria de una de las fracciones del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

El 10 de marzo participó de la manifestación que se realizó en las afueras del Congreso Nacional, en contra del acuerdo con el FMI, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que este jueves se trató en el Senado. El lunes último, allanaron su domicilio y fue detenido, acusado de haber sido partícipe del ataque organizado con piedras al despacho de la vicepresidenta.

«Cuando se estaba yendo, le piden ayuda para mover un tacho de basura, para impedir el avance de la policía que había comenzado a reprimir, y así poder desconcentrar en la plaza, pero en ningún momento generó ningún hecho de violencia. Las pruebas reflejan exactamente lo que él dice», cuenta a Tiempo su abogado.

Al joven de 29 años se le imputa, además, atentado a la autoridad, lesiones, daño agravado y «todas las contravenciones que se te ocurran», detalla el abogado. «No explican por qué se le imputa eso porque no se lo ve haciendo ninguna acción delictiva. Jaru estuvo dispuesto a contestar y la fiscalía no quiso preguntar; evidentemente, no tiene interés en conocer la verdad».