Esta semana, el macrismo verbalizó una nueva operación en contra de los derechos laborales de todos los argentinos y argentinas. Aunque el ataque fue dirigido al diputado nacional Héctor Recalde y a un grupo de jueces laboralistas, deja expuesto la intención del Gobierno de avanzar sobre nuestros derechos laborales.
Esa operación, retroalimentada por las corporaciones mediáticas y seguida por declaraciones afines del sector empresario, no se solventa en ningún número oficial y si hacemos el esfuerzo de buscar datos que sustenten esas afirmados podemos encontrar que no se trata de las mafias de los juicios laborales sino de las mafias de las aseguradores de riesgos de trabajo que presionan para seguir aumentar su margen de ganancias.
Si buscamos datos sobre litigiosidad laboral podemos encontrar los requerimientos iniciados en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral). En el último año, se detectó un aumento de la proporción de conciliaciones de un 43 por ciento de los expedientes ingresados. Esto se debe en gran medida a la sensible baja en la creación de empleo y aumento de la desocupación registrado en 2016. Los trabajadores prefieren acordar por una suma menor frente a la falta de oportunidades actuales.
El otro dato tendencioso es de la Unión de Asegurados de Riesgo de Trabajo (UART), la cámara empresaria que congrega a las principales aseguradoras que son los responsables de prevenir los accidentes laborales. Según esta cámara, los últimos diez años evidencian un marcado aumento de la litigiosidad laboral, pasando de 23.9 juicios promedio por cada 10 mil trabajadores en 2007 a 138,6 en 2016.
Como cualquier aseguradora, las ART en vez de velar por los derechos de los damnificados intentan evadir los pagos de los accidentes. Los trabajadores quedan desamparados y se ven obligados a iniciar demandas en la Justicia laboral. Esto explica el incremento de sus propias estadísticas, porque en vez de cumplir con su función evaden sus responsabilidades.
La actividad de las aseguradoras mueve 226.656 millones de pesos en el mercado de capitales y vienen celebrando este momento, al igual que otros tantos sectores beneficiados por la especulación financiera promovida por el macrismo. El patrimonio neto de las aseguradores, al cierre del último ejercicio se ubica en 44.314 millones de pesos, cifra acorde a su exposición a los riesgos, festejó Raúl Veiga, organizador de la Expoestrategas, una suerte de foro de aseguradoras de la que participa activamente la UART.
El único sistema mafioso son las aseguradoras que rechazan a mansalva accidentes laborales y con una interminable variación de excusas médicas y chicanas jurídicas logran hacer desistir al trabajador y trabajadora de su reclamo, aumentando el margen de ganancia de la empresa aseguradora.
Lo que busca el macrismo con esas declaraciones temerarias es esconder esta realidad y debilitar a la Justicia laboral. La única manera de asegurarse reducir los pagos de sentencias es desplazar a los jueces/zas que dictaminan en su contra en cumplimiento de la ley vigente. Estos cuestionamientos esconden la alarmante decisión del Gobierno de avanzar contra el derecho laboral argentino, o sea, contra nuestros derechos laborales más elementales.
