La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la prórroga de la ley que suspende los desalojos en tierras ocupadas por pueblos originarios  por cuatro años más.

De esta manera la norma acumula su tercera prorroga que suspende los desalojos en tierras habitadas por indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.

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El debate de la norma, tanto en el Senado como en Diputados, se vio atravesado por  la desaparición y la muerte  Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut luego de 79 días de búsqueda.

La presión de la oposición y de los pueblos originarios resultó efectiva ya que a lo largo del debate lograron torcer la voluntad del oficialismo y de algunos Gobernadores que en un principio no querían avanzar con la prorroga y luego intentaron que se extienda por un plazo menor.

La norma, que ya lleva 11 años de vigencia y que vencía el próximo 23 de noviembre, regirá así por otros cuatro años. “Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro).

Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.

 Lipovetzky sostuvo que “el mayor retraso” en el relevamiento catastral se registra “en las provincias que tienen mayor conflictividad territorial”. Además, precisó que, según el Censo 2010, hay nada menos que 900.055 mil personas que se autoreconocen como indígenas.

Debemos empezar a pensar en una agenda pública sobre los derechos de los pueblos originarios”, sostuvo el macrista, quien consideró esto como “una obligación de justicia por parte del Estado”.