En una resolución de una carilla, la jueza comercial Vivian Fernández Garello de Dieuzeide rechazó el pedido de quiebra solicitado por los trabajadores de este diario contra la firma Balkbrug S.A., antigua propietario de Tiempo Argentino y miembro del Grupo 23.

A pesar de las múltiples evidencias públicas sobre el proceso de vaciamiento y fuga patronal de Sergio Szpolski y sus socios ocultos del Grupo 23 –que incluyen salarios impagos desde el mes de diciembre de 2015, decenas de cheques rechazados, deudas previsionales y el no pago de la cobertura de salud-, la magistrada consideró insuficientes las evidencias y reclamó un “título ejecutivo” para conceder al pedido.

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De esa manera, la jueza Garello de Dieuzeide recurrió a una insólita interpretación de la ley de quiebras para denegar con un polémico tecnicismo un reclamo basado en la norma, el sentido común y las pruebas presentadas ante el juzgado. Entre esas evidencias se adjuntaron las actas firmadas ante el ministerio de Trabajo de la Nación, donde funcionarios de esa dependencia rubricaron existencia de la deuda salarial y la negativa patronal a continuar con las fuentes de trabajo.

La magistrada, sin embargo, consideró que nada de eso era suficiente para corroborar el crédito laboral reclamado por los trabajadores y sugirió que se tramitaran los juicios en el fuero laboral, para que fuera un colega de esa instancia quien corroborara la existencia de la deuda. La gambeta no es menor. Como se sabe, en el fuero laboral las causas demoran años. Y esa ventana temporal colabora para que se mantenga impune la fuga patronal.

Con su polémico fallo, la magistrada asestó un golpe con tres consecuencias:
1) Posterga la resolución del largo conflicto que atraviesan los trabajadores de la firma, que cobraron su último salario en diciembre de 2015 y desde entonces fueron víctimas de un acelerado proceso de vaciamiento que incluyó el abandono patronal, la supuesta venta de la sociedad editora y hasta el accionar violento de una patota que pretendió impedir la publicación del diario bajo su actual formato cooperativo.
2) Protege a Sergio Szpolski y a sus socios –visibles y ocultos- de que se investiguen las maniobras empresarias previas a la fuga patronal. Esto ocurre porque la habilitación del proceso de quiebra abriría el “período de sospecha”, que permitiría revisar los últimos dos años de las finanzas de la sociedad. Al rechazar el reclamo de los trabajadores, la justicia demora esa posibilidad de esclarecer cómo utilizó sus millones el grupo Szpolski.
3) Ratifica la tendencia del fuero –y de la familia Judicial en general- de “interpretar” las leyes en favor de los poderosos y en perjuicio de los sectores vulnerables.

Este último punto adquiere especial relevancia en el actual contexto económico, laboral y social del país. La recesión, que puso en jaque a millares de empleos, la inflación –que redujo fuerte el poder adquisitivo de los salarios-, y la avanzada gubernamental para flexibilizar las normas laborales anticipan un escenario de mayor conflictibilidad laboral, con una eventual multiplicación de los comportamientos patronales como los que padecieron los trabajadores del Grupo 23. En ese marco, el fallo de la jueza Fernández Garello de Dieuzeide sirve como caso testigo: si se replica su criterio, la “justicia” velará por los empresarios vaciadores y las empresas que incumplen con sus compromisos patronales justo cuando se acelera un proceso de destrucción de empleo y crece la inestabilidad laboral.