El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos llamando a declarar como testigos a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a raíz de un reportaje que concedió a Tiempo; al ex vicejefe de gobierno porteño y actual diputado bonaerense Diego Santilli para que diga si fue extorsionado por los espías “cuentapropistas” de la AFI y a Mariano Macri para que abunde sobre sus dichos en relación con la práctica de escuchas ilegales de su hermano, el ex presidente Mauricio Macri. 

Después de una larga letanía desde que la causa, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal pasara de Lomas de Zamora a Comodoro Py 2002, sorpresivamente hoy el juez ordenó medio centenar de medidas de prueba y la formación de legajos especiales de investigación. 

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Entre esas medidas está la declaración del ex funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de  José Luis Vila, cuya situación abrió la caja de pandora del espionaje ilegal. Un atentado en su contra le permitió al primer juez de la causa, Federico Villena, tirar de un hilo que destapó el contenido de teléfonos y el secuestro de computadoras en las que aparecieron decenas de episodios de espionaje ilegal.

La defensa de dos de los espías en cuyos teléfonos fueron halladas las pruebas del espionaje sostiene que ese disparador de la investigación es nulo. Y si ello es así, toda la causa podría caerse como un castillo de naipes. También en esa dirección van las medidas ordenadas hoy por Martínez de Giorgi. 

Otro de los convocados a declarar es el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien denunció presiones de la AFI para que detuviera al sindicalista camionero Pablo Moyano.

En cuanto a Caamaño, a fines de diciembre pasado concedió un reportaje a Tiempo en el que se explayó sobre irregularidades ocurridas en la AFI en la gestión anterior. El juez hizo expresa mención a esa entrevista y le anunció que deberá comparecer el próximo 22 de marzo, relevada por el presidente, Alberto Fernández, de la obligación de mantener secreto que le impone la ley de Inteligencia. 

Caamaño también deberá aportar la filmación completa de la reunión entre funcionarios, empresarios y espías realizada en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando se habló de la creación de una “Gestapo” para neutralizar los reclamos de sectores sindicales, especialmente de la UOCRA La Plata, encabezados por Juan Pablo “Pata” Medina. 

El núcleo central de la investigación está centrado en las escuchas que realizó la AFI durante el gobierno de Macri. De hecho, Martínez de Giorgi pidió una batería de informes sobre mecanismos, documentación respaldatoria, números intervenidos, resultado de esas escuchas, cuáles fueron aportadas a causas judiciales y qué pasó con las demás. La evacuación de esa información dependerá de la celeridad con que actúen la AFI y la DAJUDECO, un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia. 

El juez también hizo lugar a un planteo del fiscal federal Franco Picardi, para que se abra un legajo de investigación basado sobre un “estudio técnico pormenorizado y específico” de las actividades de la AFI entre fines de 2015 y 2019. 

El juez resolvió también autorizar a los representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, querellantes en la causa, a “presenciar las audiencias testimoniales que se ordenen en autos”.

La declaración testimonial de Santilli, prevista para el 14 de marzo a las 10, es clave en la investigación.

De la prueba recabada durante la investigación, surgió una confusa situación en la que el hoy diputado parecía ser víctima (o estaba por serlo) de una extorsión. Y sobre esa hipótesis, la Cámara Federal, en un controvertido fallo firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que no se investigaba una asociación ilícita liderada por los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sino a un grupo de “cuentapropistas”, que perseguían su propio beneficio personal a través de actividades ilegales.

Tiempo publicó en octubre de 2021 un artículo en el que describió aquella situación: “Los espías desplegaron todo el manual. Seguimientos personales, fotos, investigaciones a los contactos (sobre todo gremiales, por el armado político) y cuestiones de la vida privada. Cuando reunieron material suficiente, lo citaron a una reunión y durante cuatro horas le mostraron todo lo que tenían».

Facundo Melo, uno de los integrantes del grupo de Whatsapp, le envió a un interlocutor no identificado, a quien en todo momento llama “amigo”, un mensaje sobre ese encuentro con Santilli: “quedé re anestesiado de esa reunión boludo, parece que me bajé de un cuatriciclo después de cuatro horas de andar. ¿Sabés que la cerramos esta?, ya está, está cerrado. Con todo lo que vio y escuchó ¿sabés cómo habrá quedado? Manijero a dos manos, mal. Más si pidió que le demos una mano. Así que la semana que viene cuando vayamos yo le voy a poner los puntos, mal. Le voy a decir adelante tuyo mirá maestro, mirá mono, vos estás millo y esto está probado y vos estás explotado, así que acá hay que moverse rápido porque estás al horno. No me vengas de mendigo porque yo te voy a pedir equis y todo te va a parecer mucho. Y estás explotado, esto es así. Le voy a meter pressing”.

El juez Martínez de Giorgi busca determinar cuál de los escenarios es el real.