El condenado y procesado ex jefe de Inteligencia de la Policía Bonaerense en la dictadura, Miguel Osvaldo Etchecolatz, no gozará del beneficio de prisión domiciliaria. Lo decidió el juez Federal Ernesto Kreplak, quien rechazó la solicitud formulada por la defensa del represor que sostenía que el estado de salud del hombre de 87 era motivo suficiente para brindarle el beneficio de cumplir la condena en su casa.

De esta manera, el magistrado falló a favor del pedido de organismos de derechos humanos querellantes en juicios de lesa humanidad que habían solicitado a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nª1 de La Plata que rechacen la solicitud de arresto domiciliario formulada por la defensa, pero dispuso el traslado del represor a un hospital no penitenciario para que se lo asista profesionalmente.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

En ese sentido, Kreplak manifestó que los médicos que traten a Etchecolatz “se encuentran autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada en el supuesto de que, según el recto criterio profesional, existiera grave riesgo para su salud, siempre en la medida necesaria y con extremo respeto por su dignidad humana”. Además, dispuso que el Servicio Penitenciario Federal adopte las medidas de seguridad correspondientes al momento de realizar el traslado y durante la internación de Etchecolatz, con una consigna fija las 24 horas en el hospital donde finalmente sea llevado.

Según el escrito que había presentado la querella para pedir que no se haga lugar a la solicitud de prisión doimiciliaria, se retoma la evaluación médica que se realizó al represor en abril –que fue la que el Tribunal utilizó en otro expediente en julio- y se argumenta que “de acuerdo al organismo específicamente designado para evaluar su salud, Etchecolatz más allá de las dolencias y padecimientos normales de un hombre de su edad, no presenta cuadro de salud grave que motive la concesión del beneficio de prisión domiciliaria”.

El texto lleva las firmas, entre otros, de Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; la Fundación Anahí y Chicha Mariani, y querellantes particulares como Victoria Moyano Artigas y Verónica Bogliano.  

También remarca que “los informes psicológicos que obran en el expediente también fueron concluyentes en que Etchecolatz no presenta alteración de las facultades mentales ni evidencia propensión alguna al suicidio”, y resaltaron que la “angustia y depresión provocados por la vida intramuros” que detectaron los especialistas es propia de la vida en la cárcel.  Asimismo, señalaron que del informe de la directora del Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza, Nelsy Beatriz Medina, se desprende que la institución cuenta con todo el equipamiento necesario para atender “inmediatamente” cualquier tipo de descompensación que pueda sufrir Etchecolatz.