El jueves por la mañana, Evo Morales llamó a una conferencia de prensa en La Paz. “Ya ganamos en primera vuelta”, adelantó. Con esos números lograba los dos requisitos que exige la Constitución para declararse ganador: más de 40 puntos y 10 de diferencia con el segundo. Luego, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaría que la diferencia a favor del mandatario era de 10,57 puntos. Morales obtenía el 47,08% y Carlos Mesa llegaba al 36,51 por ciento.

La reacción opositora fue denunciar fraude y convocar a movilizaciones. Mesa había anunciado la creación de una “Coordinadora de Defensa de la Democracia”. Allí se encuentran el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el candidato que salió cuarto, Óscar Ortiz; el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina; el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista. “Está claro que hay un fraude gigantesco en marcha, que cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales en primera vuelta es producto de un fraude y los elementos para demostrarlo vamos a presentarlos sucesivamente en las próximas horas”, señaló Mesa.

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Desde Estados Unidos, el director de observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, sugirió que sería una “mejor opción” que Bolivia fuera a una segunda vuelta, al margen del resultado. Sin embargo, casi en paralelo, el gobierno le solicitó a la misma OEA que realice una auditoría de los resultados “para verificar la transparencia y legitimidad” de las elecciones. Luego la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su secretario general, Antonio Guterres, apoyó la idea de una auditoría.

El gobierno en bloque cuestionó la “sugerencia” del funcionario de la OEA. El canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, defendieron el proceso. “En Bolivia no existe la posibilidad de fraude o de manipulación de datos”, aseguró el canciller Diego Pary en el Consejo Permanente de la OEA en Washington.

Para la oposición, ya de arranque la candidatura de Morales era ilegal. El argumento es que en 2016 se convocó a un referéndum para reformar la Constitución y habilitar así la reelección indefinida. Ganó con el 51% el NO y la carta magna no se reformó. Sin embargo, en paralelo la Justicia estableció que Morales tenía derecho a candidatearse. En este clima, se instaló la idea de que habría un fraude. Y sobre esto, vino la interrupción repentina del conteo de votos provisorio el domingo por la noche.

Hoy hay sectores afines al gobierno que –en off– critican el modo en el que se manejó la comunicación por parte del TSE y del propio Ejecutivo. Sin embargo, destacan que no existe ninguna prueba concreta y demostrable de fraude. Es por eso que insisten en que la auditoría se realice “acta por acta”.

La OEA pretende que los resultados que surjan del estudio sean vinculantes. Y es el propio Mesa quien se opone: “Una auditoría es simplemente un informe internacional, independiente, que ojalá fuera creíble, pero que no puede ser vinculante porque esto estaría vulnerando la normativa local”.

Mientras tanto, de los dos lados convocan a las calles. La oposición dice que desconoce los números oficiales y el gobierno denuncia un golpe de Estado mediante la quema de oficinas de TSE.

La pregunta es por el futuro. El gobierno ganó en seis de los nueve departamentos, pero ya no es la fuerza que lograba más del 60% de los votos. Tampoco va a tener dos tercios en el Congreso, aunque sí tendrá mayorías.

Pero tal vez el punto más sensible tenga que ver con la economía. En 2006 Morales encontró un país convulsionado. Nacionalizó los hidrocarburos y convocó a una asamblea constituyente para “refundar Bolivia”. Enfrentó grandes movilizaciones y violencia incluso armada. Hasta que venció, allá por 2009, con la ratificación de la Nueva Constitución Política del Estado y la posterior elección presidencial. Es decir, primero hizo una revolución política que rompió ese “empate catastrófico” previo, en el que ninguno de los dos bloques lograba imponer su proyecto A partir de ese momento el gobierno se dedicó a la economía y la administración, que son las pruebas tangibles de su éxito.

Hoy las condiciones externas no son las óptimas. Varios analistas coinciden en que Morales debería hacer algunos retoques en la macroeconomía. Un escenario delicado, en un gobierno que ya no tiene las mayorías que supo conseguir y que además quizá no goce de la estabilidad que garantizaría el “futuro seguro” que el Movimiento al Socialismo prometió en campaña