En su primer mensaje formal como presidente, Alberto Fernández declaró el “Nunca más a los sótanos de la democracia”. La alusión estuvo precedida de una descripción escalofriante:

“Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

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En boca de un presidente, las palabras son un compromiso de gestión. Por lo que dijo, Alberto F. está dispuesto a realizar una reestructuración profunda del sistema de espionaje, transparentar la relación del Estado con los medios y sanear el cenagoso Poder Judicial. La triple alianza del «lawfare».

Ante la advertencia presidencial, Comodoro Py respondió como de costumbre: poniéndose al servicio del Ejecutivo de turno. El gesto fue la liberación de los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, dos víctimas del régimen de prisiones arbitrarias que rigió en la era macrista.

Alberto F. sabe que esos gestos son transitorios, de modo que mal haría en tentarse con archivar la reforma judicial a cambio de tener el monstruo a favor. Cómo el propio presidente dijo en campaña: «La justicia que ahora persigue a Cristina mañana va a perseguir a Macri». Y pasado, si no cambian las cosas, probablemente haga lo mismo con él.

Claro que, como ocurre con las bombas, cortar los cables de ese dispositivo de poder conlleva riesgo de explosión. Es un operación de riesgo que, para colmo, se ejecuta sobre un polvorín social: la expansión del hambre, la pobreza y el desempleo acortaron los tiempos de la habitual “luna de miel” que gozan los gobierno recién llegados. 

Sobre las urgencias sociales se monta el acoso condicionante de los dueños del poder y del dinero, tanto locales como extranjeros. El gobierno salió a gambetear las acechanzas con medidas de alto impacto distributivo y simbólico. Aunque operan en planos distintos, la reforma judicial, el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo y el paquete de medidas económicas que lanzó este fin de semana son puestas de autoridad presidencial con doble objetivo: alimentar las expectativas de su base electoral y, sobre todo, ampliar el respaldo popular para encarar con mayor espalda política la «solidaridad» de los que más tienen y, en proporción a sus ingresos, menos aportan.

La política se gestiona en base a expectativa y cash, solía definir Néstor Kirchner. Alberto F., como buen discípulo, arrancó su mandato apegado al plan de vuelo que sacó al país de la tormenta a partir del 2003. Entonces era copiloto. Desde esta semana, le toca comandar.