El DNU sobre extinción de dominio que Mauricio Macri presentó como la llave para «recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico» ya inició el camino para su tratamiento en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo. A partir de ahora, los  legisladores serán quienes deban analizar su validez institucional y la necesidad y la urgencia del Poder Ejecutivo para pasar por encima del Parlamento en el tratamiento de una iniciativa que ya tiene curso en el Poder Legislativo.

El DNU ingresó el miércoles por la Cámara de Diputados y quedó en manos de la comisión encargada del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia que deberá convocar en los próximos días a debatir la medida y emitir dictamen en el término de diez días hábiles. El gobierno confía en lograr una rápida aprobación.

En esa Bicameral, el oficialismo y la oposición cuentan con ocho miembros, respectivamente. El presidente es el diputado kirchnerista Marcos Cleri, que cuenta con voto doble en caso de empate en la firma del dictamen. De los ocho integrantes de la oposición, cuatro son de Argentina Federal, tres del Frente para la Victoria-PJ, aunque  la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales suele acompañar las iniciativas de Cambiemos.

El Ejecutivo aprobó la medida vía DNU bajo la excusa del estancamiento del debate de la ley en el Congreso, donde después de las modificaciones que el Senado incorporó al proyecto –con media sanción en 2016–, la Cámara Baja no volvió a tratar el tema.

Sin embargo, fue Cambiemos la fuerza que, en 2018, cerró el temario en el Congreso y apuntó sólo a lograr la aprobación del cuestionado Presupuesto 2019. En septiembre, Cambiemos tomó la decisión política de mantener «cerrado» el Congreso hasta que se debatiera la Ley de Presupuesto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, acordaron que lo mejor era sostener las discusiones y la atención lejos del recinto.

Este martes, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, salió a dejar en claro cuál es su necesidad y urgencia. La funcionaria explicitó sin rodeos el objetivo político de Macri: «No sé si Cristina Kirchner va a ir presa, pero sé que va a terminar sin un solo peso. Con esta nueva medida vamos a sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito», sentenció Alonso en declaraciones a la señal de noticias TN del multimedios Clarín.

El decreto de Macri establece que no es necesario que haya una sentencia firme para incautar bienes o dinero de un acusado: se invierte la carga de la culpa y un acusado de corrupción puede quedar despojado hasta que demuestre su inocencia. Diferentes especialistas advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la norma.

Por lo pronto, la ley de extinción de dominio mantiene estado parlamentario y no se descarta que se trate y sancione este año. Desde el Frente Renovador de Sergio Massa, espacio impulsor de la iniciativa, adelantaron que buscarán insistir en el Congreso. Desde Cambiemos, ratificaron que el DNU de Macri no tiene incidencia en materia penal, asunto que el Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna. Sin embargo, para su puesta en marcha ante un delito, se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes por su presunta vinculación con el delito. «

DECRETO           

El presidente Mauricio Macri presentó el DNU junto a los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich. La norma consta de ocho artículos y expresa su intención de alcanzar a delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo.