El caso Facundo Astudillo tuvo esta semana avances significativos, cuyos resultados estarán a la vista en los próximos días. El allanamiento a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y el secuestro de un patrullero de esa dependencia, el martes, el mismo día que se le practicó la autopsia a los restos esqueletizados hallados en Villarino Viejo, le imprimió a la causa que llevan adelante el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza Gabriela Marrón un nuevo impulso, a partir del cual los caminos de la fiscalía federal y el de la querella parecen reencontrarse en un punto: que la Bonaerense algo tuvo que ver con la desaparición del joven que hoy tendría 23 años.

Los investigadores llegaron a la seccional bahiense tras un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que detectó “un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios” al analizar el sistema de geolocalización “por AVL de la totalidad de los móviles que se hubieran posicionado sobre la zona comprendida entre las coordenadas -38.752532 -62.448676, Ruta Nacional N° 3, entre las localidades de Teniente Origone y General Daniel Cerri y sus adyacencias, desde el 30 de abril al 15 de agosto pasados”, según informó oficialmente la fiscalía.

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De acuerdo a los datos aportados por el GPS de ese patrullero, se estableció que el 8 de mayo, nueve días después de la desaparición de Facundo, el vehículo realizó un recorrido alejado de su rutina habitual, a varios kilómetros de sus cuadrículas asignadas y en cercanías del lugar dónde se produjo el pasado 15 de agosto el hallazgo de los restos humanos, que se presumen pertenecen al joven, los cuales para Cristina Castro y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, fueron “plantados” en ese cangrejal.

El patrullero será sometido a un minucioso estudio pericial para determinar “si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse” a Facundo Astudillo Castro. Por el momento, los perros entrenados que revisaron el móvil no advirtieron indicios de relevancia para el caso.

Los investigadores también secuestraron tres teléfonos de los efectivos policiales que hicieron uso del móvil por esos días y pidieron el entrecruzamiento de mensajes y llamados entre el 30 de abril y el 30 de mayo.

De la misma manera, los funcionarios judiciales tienen bajo su lupa el libro de guardia y las anotaciones secuestradas en la dependencia policial de Bahía Blanca, mientras se constatará si el GPS del patrullero funcionaba en óptimas condiciones para poder certificar fehacientemente si aquel 8 de mayo estaba donde no debía estar.

Hay un enorme hermetismo en torno a los resultados, incluso preliminares, de la autopsia que se llevó adelante en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense. Trascendió que la víctima pudo haber muerto por asfixia y que el cadáver habría tenido un tratamiento especial con el que se intentó disolverlo. Lo cierto es que el propio juzgado, a través de un comunicado, recordó que “no se emitió ninguna conclusión y las conversaciones que mantuvieron los peritos son absolutamente secretas”. Al respecto, la jueza insistió el jueves pasado en que la conclusión final sobre la data y la causa de la muerte se conocerá “en un plazo no menor a 40 días, más allá de que la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días”.

Se suman dos fiscales

El procurador Eduardo Casal sumó formalmente al equipo de trabajo del fiscal federal Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la querella, al titular de la Procuvin, Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” en la causa.