El próximo sábado 25, desde las 17, se realizará un festival musical –virtual– por la libertad de Sebastián Romero, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) extraditado desde Uruguay y ahora preso en una dependencia de la Policía Federal.

El abogado de Romero, Martín Alderete, ya presentó un pedido de excarcelación, que fue rechazado. También reclamó la prisión domiciliaria para su defendido y, en definitiva, su desprocesamiento.

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“Básicamente, lo que hay en esta causa es una persona –Romero– imputada por disparar un elemento pirotécnico al aire. El grosero nivel de estigmatización y de persecución que sufrió Sebastián Romero lo tienen que justificar de alguna manera, y por eso el procesamiento y la prisión preventiva que le dictaron”, explicó el letrado.

“Claramente, Romero está preso por motivaciones extrajurídicas e irracionales desde lo fáctico”, agregó. “Yo creo que está preso por motivaciones políticas y que no lo está por cuestiones fácticas ni jurídicas”, acusó.

Los hechos

Romero, cuya imagen en la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 fue ampliamente divulgada y titulada por los medios de comunicación hegemónicos como “el gordo mortero”, es acusado por la justicia penal de los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravado. La acusación es genérica y similar a la que recibieron los otros imputados en la misma causa, César Arakaki, Dimas Ponce, Daniel Ruiz y Mariano Stansiola, de haber formado parte de una serie de ataques al operativo policial de contención. Según la justicia, todos ellos arrojaron piedras, derribaron vallas, rompieron la plaza, provocaron daños y lesiones. Así figura en el expediente.

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En el caso específico de Romero la acusación judicial agrega que su aporte a esa acción colectiva fue haber disparado al menos en dos oportunidades con un arma de fabricación casera.

El abogado Alderete desarmó una por una las imputaciones. “Se nombra a un grupo de personas que habría actuado de manera conjunta; sin embargo, los hechos en los que intervino Sebastián Romero son a las 14.30 mientras que aquellos en los que intervinieron Arakaki, Ponce y Stansiola sucedieron a las 16, con lo cual es altamente improbable que hayan operado en conjunto por la distancia temporal”, explicó.

“Por otro lado, tampoco se pudo comprobar que hayan tenido alguna relación previa; de hecho forman parte de organizaciones políticas distintas, todas ellas presentes en el marco de una movilización en la que participaron decenas de organizaciones. Fue de lo más heterogéneo que se pueda recordar de una movilización”, agregó.

El 18 de diciembre de 2017, medio millón de personas se movilizaron hacia el Congreso para protestar contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno nacional. La administración Cambiemos preparó un fuerte aparato represivo, perfeccionado respecto del que cuatro días antes, el 14, había reprimido una movilización por el mismo asunto. Si bien fue aprobada la nueva legislación que modificaba la movilidad jubilatoria, la potencia de la respuesta social fue tal que el gobierno archivó buena parte de su plan de gobierno (reforma laboral a la brasileña, privatización parcial del sistema previsional y una mayor reducción de impuestos). Muchos analistas consideran que esas jornadas marcaron el inicio de la pérdida de iniciativa política por parte del macrismo y el inicio de su declive político, que se acentuó con la debacle económica pocos meses después, desde abril de 2018.

En ese marco de masas movilizadas, la justicia apunta a Romero con argumentos que el abogado Alderete refuta. “Cuando se le achaca la conducta concreta que Romero habría llevado a cabo, se dice que disparó con un arma de fabricación casera. Lo cierto es que hay una pericia presentada por nosotros, del experto en criminalística Enrique Prueger, donde se comprueba mediante fotos y un análisis de audio de los videos, entre otros aspectos, que lo que usó es un elemento pirotécnico, un mortero de venta libre atado a la punta de una rama y que lo único que eso genera es ruido. Con lo cual tampoco está demostrado que haya disparado con un arma de fabricación casera”.

Según Alderete, el juez reconoció eso, que se trata de un elemento pirotécnico de venta libre, no obstante lo cual lo imputó por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad. El magistrado se apoya en la declaración de policías que dicen haber sido afectados por el ruido. Pero Alderete asegura que eso no es así: “La única imagen que hay de Sebastián Romero durante esa jornada es la de público conocimiento, la que salió en todos lados. Esa imagen está tomada en la Plaza de los Dos Congresos, casi pegado a la esquina de las calles Solís e Hipólito Yrigoyen. Pero los policías que dicen haber sido afectados por el accionar de Romero formaban parte de un grupo de contención ubicado en Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, a dos cuadras de distancia”.

El caso de Daniel Ruiz

Otro de los procesados por la justicia en la misma causa que Romero es Daniel Ruiz, quien estuvo detenido 13 meses hasta que recuperó su libertad luego de que un tribunal de alzada aceptara los argumentos de su defensa –también a cargo de Alderete– en el sentido de que el mortero de pirotecnia de venta libre no era un arma de guerra, como sostenían el fiscal, la policía, el gobierno y algunos medios de comunicación.

Ante este antecedente, Alderete advirtió por la posibilidad de que la justicia también decida someter a Romero al mismo tratamiento.

Ruiz quedó en libertad a fines del año pasado y enfrenta la causa judicial por la que también están procesados Arakaki, Ponce, Romero y Stansiola.

El festival

Este sábado 25, desde las 17, Karamelo Santo, Las Manos de Filippi y Cuyoman, entre otros artistas, darán su aporte solidario por la libertad de Sebastián Romero. Se podrá ver en https://www.facebook.com/libertadasebastianromero