El Plan [email protected] pareciera estar abierto a la participación ciudadana como fue realmente la Ley 26.206; aunque este plan parece estar más ceñido a introducir cambios muy significativos en materia de derechos laborales y su flexibilización, si bien muchos objetivos están ornamentados con palabras bonitas, en él se encuentran muchas contradicciones. Su anuncio se presenta como un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, sin debate público y pasando casi inadvertido, con supuestos aportes del CFE Consejo Federal de Educación, académicos y especialistas y una ONG que desembarca para recoger argumentaciones “pertinentes”.

Como puede apreciarse en su presentación, el Plan [email protected] parte de un posicionamiento teórico y político cuya posición es bastante antagónica, considerando el contexto político en el cual fue promulgada la Ley 26.206 donde había una mirada más amplia en la concepción y respeto por los derechos, respetando las particularidades culturales y académicas de cada jurisdicción y abierto a la formación continua y permanente donde prevalecían los recursos necesarios también para llevarlo a cabo.

La presentación de este plan adolece de la participación ciudadana de diferentes sectores sociales que están más familiarizados con la realidad social y cultural que acontece en las aulas cada día y su convocatoria es limitada a un sector más tecnocrático cuya lectura está enajenada de una genuina organización democrática que supone el debate para introducir un cambio en materia educativa.

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Sin embargo, a partir de estas divergencias tampoco se reconocen en el plan, otros derechos tales como:

– Negativa del gobierno nacional por convocar a la paritaria nacional docente hasta junio-julio de 2017, lo cual es un indicador que imposibilita avanzar en derechos laborales. Ley 26075 “Ley de Financiamiento Educativo”, artículo 10 PND “Paritaria Nacional Docente”, decreto reglamentario n°457/07.

– Educación como bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado Nacional. Ley 26.206, artículo 2. Preocupa la reducción del sistema educativo y una yuxtaposición contradictoria en el marco educativo que fomenta la competitividad, dejando a libre albedrío al mercado en materia educativa.

– Desconocimiento de ordenamiento legal, en la aplicación en la cual la Ley 26.206 en sus artículos 4, 14, 113 y 121 reconocen competencias específicas a las jurisdicciones provinciales en el marco que establece la Constitución Nacional en su artículo 5 y 125. Sin embargo, el Plan [email protected] designa al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación como autoridad competente para llevar a cabo el plan sin reconocer a los ministerios provinciales dentro del esquema legal de distribución de responsabilidades. Este error sustantivo se contrapone al ordenamiento legal vigente, yuxtaponiendo una “nueva legalidad” con propios ordenamientos normativos.

Otra idea que aparece con fuerza es la “Calidad Educativa” y podríamos cuestionarnos, cómo se mide su calidad, con qué fines o intereses, la calidad educativa es un bien transable para poder definirlo como bueno o malo. En esta retórica, cabe aclarar que el aula es un fiel reflejo de lo que acontece en el marco social, es decir, que lo que allí sucede está ampliamente reflejado en el aula.

Los fundamentos del Plan [email protected] parten de una falsa neutralidad ideológica, que destacan el grave deterioro de la situación social, económica y cultural que atraviesa el país y son reducidas, focalizadas o trasladas al funcionamiento del propio sistema escolar.

Estos fundamentos de emergencia educativa culpabilizan directamente a la calidad de maestros y profesores, en mayor o menor tenor estas expresiones tiñen con desdén la labor educativa simplificando la mirada superficialmente a lo que realmente debe constituir el sustento de un buen plan educativo; el funcionamiento escolar, las condiciones sociales, las políticas educativas con el conjunto de las políticas públicas.

Siguiendo el mismo eje, inclusión/ calidad – selección/ excelencia; el punto de tensión que propone el Plan [email protected] parte de una hipótesis de falta de formación y desactualización docente como el causal directo en la calidad educativa. Sin embargo, es notoria la desconexión que hay entre la calidad educativa y el sentido orientador que debería tener un planeamiento educativo. Tales como metas a largo y corto plazo, proyección de condiciones, previsión de recursos, viabilidad del plan, cambios imprevistos en el planeamiento y su templanza.

En este camino a la excelencia, el plan deja constancia que se desactivan políticas educativas que reducen la inclusión por los ajustes de un Estado neoliberal en su mínima expresión que busca problemas que le sirvan de objeto para llevar sus políticas de gobierno.