Durante la última visita que hizo a la Argentina la misión del Fondo Monetario que monitorea las cuentas nacionales, entre el 8 y el 16 de noviembre, los tecnócratas mostraron en forma recurrente una preocupación: que la recesión no afectara la recaudación fiscal, uno de los pilares del déficit cero. «Será fundamental continuar salvaguardando los objetivos fiscales contra desafíos de implementación y una recaudación de ingresos más débil de lo esperado», aseguró David Lipton, el vice de Christine Lagarde en el FMI en diciembre.

El Fondo suele hacer llamados de atención de aquellos aspectos que considera centrales, más allá de que el gobierno de Cambiemos esté haciendo los deberes con convicción.

En este caso, el asesoramiento del FMI y las ideas propias del equipo que comanda Nicolás Dujovne pergeñaron un nuevo zarpazo sobre los ingresos de la población, al agregar a 50 mil jubilados y pensionados al pago del Impuesto a las Ganancias y que hasta ahora no lo hacían.

La cifra, provista por la Oficina de Presupuesto del Congreso, se agrega a los más de 300 mil jubilados y pensionados y a los 1,7 millones de asalariados que ya pagaban Ganancias. El total, casi 2.100.000 personas que tributan este impuesto por los montos de sus salarios o haberes jubilatorios –que no son ganancias– duplica a las que lo pagaban en diciembre de 2015.

«Pasaron cosas», podría decir el presidente Mauricio Macri para justificar por qué su promesa de campaña electoral, en el sentido de que «ningún trabajador» pagaría Ganancias, no sólo no se cumplió, sino que se agravó.

Este año habrá un nuevo incremento de asalariados que cargará con Ganancias, esto porque el umbral a partir del cual se paga aumentó un 28%, menos que muchos incrementos salariales logrados en paritarias.

Los jubilados que pagan Ganancias desde enero le aportarán al fisco unos 1900 millones de pesos, según la OPC. Aún no hay cálculos de a cuánto ascenderá lo que aportarán los asalariados por la diferencia entre los incrementos de salarios y del mínimo no imponible de Ganancias en 2018.

Pero esta aplicación para cobrarle impuestos a la población, que ya paga el 21% de IVA en cada consumo que realiza, más allá de que ese tributo luego termine en manos del fisco y no en la evasión empresaria, tiene como contrapartida la búsqueda permanente de «impuestos distorsivos» sobre la actividad productiva y que tanto el gobierno como el FMI se proponen eliminar.

En esa lista incluyen la reducción de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, la reducción del pago de Ganancias a las empresas, reducción de Ingresos Brutos en las provincias y la eliminación, después de las elecciones, de las retenciones. «