El caso de Lucas González pone de manifiesto prácticas de las fuerzas de seguridad que se extienden en todo el país con distintos niveles, continuidades históricas que dan lugar a estas acciones letales. Pero, ¿este es un problema que solo involucra a las instituciones policiales? ¿Cuáles son los discursos sociales que dan lugar a la naturalización de la violencia? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas institucionales y no institucionales que habilitan estas prácticas? Tiempo habló con especialistas para pensar el germen del gatillo fácil y analizar este fenómeno complejo que tiene base en lo político, pero también en lo social y lo mediático.

La violencia policial se enmarca dentro de un encadenado de problemas. Así lo considera la politóloga y coordinadora del Observatorio de Seguridad de la UBA, Gabriela Seghezzo, que sostiene que una de las primeras cuestiones a desarmar es la idea de que se trata solamente de un conflicto institucional de las fuerzas. “En primer lugar, es un problema social. Vivimos en una sociedad punitiva, no es que la gente quiere balas para todos, pero hay una minoría intensa. Eso se vincula fuertemente con un problema político: en muchos casos las conducciones de Estado plantean que la forma de dirigir a las fuerzas de seguridad es bajo la idea del autogobierno, de todo el poder a la fuerza. Esa es una decisión política en un contexto de reclamos sociales punitivos fuertes”, afirma la investigadora del CONICET.

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“Creería que estamos más frente a una doctrina Bullrich que a una doctrina Chocobar y no por no responsabilizar a los policías que efectivamente despliegan este tipo de prácticas, sino que es más complejo. Si solo pensamos en el último eslabón, que es el institucional, nos perdemos todo el resto que es fundamental para desarmar el problema y construir una alternativa”, agrega.

La investigadora del CONICET y autora del libro “Inseguros. El rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia”, Mercedes Calzado, sostiene que estas prácticas no funcionan en un vacío sino que se encuentran dentro de un espacio social que las contiene. “Para que la violencia policial pueda existir, tiene que haber discursos y prácticas que legitimen esa violencia. El periodismo es una parte importante de cómo se construye y cómo se legitima. Ni hablar de los discursos políticos que están permanentemente arengando la intervención de la policía en este sentido y queriéndole dar de comer a una supuesta ciudadanía preocupada por la violencia urbana. Es un círculo que se va retroalimentando. El periodismo a través de la noticia, la policía a través de la violencia, los discursos políticos a través de intervenciones punitivizantes que alimentan un espiral de más violencia”, describe. Y agrega que la noticia refuerza esa mirada de las fuerzas policiales: “La legitimidad que se construye de la práctica policial tiene que ver en gran medida con la disponibilidad del material que después el periodismo va a tener para construir esa noticia. Hay un círculo vicioso que en muy pocos casos el periodismo termina cortando. Tiene que ver con cuánto habilita o no la fuerza policial de lo que se muestra”.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el de la formación de los y las agentes. Según explica Angela Oyhandy, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata y exdirectora nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, hay un déficit en términos de profesionalización e institucionalización de la actividad policial. “Una seguridad democrática no sólo es una en la cual se le enseña a los policías sobre Derechos Humanos o leyes, sino que es fundamental profesionalizar el uso de las armas. Hay dos palabras claves. Una es la responsabilidad que tiene la política sobre cómo entrena y controla el uso de las armas de fuego. Pero no se trata de pensar las capacitaciones sobre normas o actuaciones en abstracto sino de generar dispositivos e instancias de monitoreo continuo sobre las prácticas policiales cotidianas. Pero nada de esto se entiende sin la legitimación política y social a esta cuestión de “disparo y después pregunto”, que sufren los jóvenes varones pobres. Pienso en declaraciones como las de Espert sobre el queso gruyere que generan habilitaciones y legitimaciones. Es un uso muy cínico y clasista por parte de estos personajes políticos cuando después las consecuencias subjetivas y penales las van a padecer los propios policías”, reflexiona.

En línea con los procesos de formación, hay que tener en cuenta también el devenir histórico de las fuerzas de seguridad. Como explica el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se entiende a la violencia institucional como el brazo ejecutor que tuvo la dictadura con las fuerzas policiales, prácticas que se trasladaron a las agencias de la democracia. “Tuvimos un juicio a la vuelta de la democracia que alcanzó a la cúpula del ejército, pero que no alcanzó a los brazos ejecutores: muchos torturadores o policías que eran parte de los operativos de secuestro. Lo más paradigmático que vincula lo que significó la dictadura y los casos de violencia institucional es el caso de Sebastián Bordón, en Mendoza a fines de los 90, donde el comisario Hugo Ramón Trentini primero fue condenado por el homicidio de Sebastián y después por delitos de lesa humanidad. Si él hubiera sido condenado en los períodos donde reinó la impunidad, tal vez Sebastián hoy estaría vivo. Ese es el fiel ejemplo de que el mal que tenemos tiene que ver con su matriz desde esa época”, detalla.

Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, el 81% de las personas presas son menores de 44 años, el 41% no tenía empleo antes, el 41% solo contaba con trabajos inestables y el 84% no terminó la escuela secundaria. Según explica Seghezzo, hay una selectividad policial fuerte en términos de clase y de raza. “Esa selectividad es un derivado de la selectividad social, es la misma que opera en el poder judicial. No hay una selectividad exclusiva policial sino que tiene efectos profundisímos en la medida en que el Estado le deposita armas a esos sujetos, pero que no es distinta a la selectividad que opera en el resto del tejido social”, indica. «