El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que “no es verdad” que expulsó a extranjeros que llegaron a La Quiaca, luego de que el jueves un micro que había partido de la capital jujeña con 62 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos peruanos, venezolanos, brasileños y colombianos, fuera detenido cuando circulaba por la avenida General Paz.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Jujuy ya se había conocido durante los primeros días de la semana, por eso desde la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) se presentó un hábeas corpus este martes para impedir que se concrete la medida dictada por la provincia de Jujuy.

“La provincia decidió esto. Ese habeas corpus fue rechazado y estamos con las personas aquí en la ciudad luego de haber atravesado varias provincias” expresó Gabriela Liguori de Caref entidad que acompaña a 36 de los pasajeros que llegaron en el micro de la empresa Balut. “Fue una decisión que intentamos evitar, frenar por diferentes medios, presentamos un hábeas corpus para que la provincia volviera atrás con esta medida que es irracional e irresponsable en este contexto”, dijo. “Aclaramos que entre esas 60 personas hay personas que estaban haciendo su cuarentena y estaban cumpliendo con su aislamiento social”.

De acuerdo a los testimonios de muchos pasajeros, ellos no tenían intenciones de viajar. Incluso, algunos declararon haber sido engañados con que desde Buenos Aires podían regresar a su país. A pesar de eso, el gobernador de la provincia negó rotundamente que esto sea así.

“La voluntad de las personas que estaban circunstancialmente en La Quiaca era salir de la Quiaca”, aseveró Morales en declaraciones formuladas a Radio La Red y afirmó que para la realización del viaje, contó con “la autorización de la CNRT”, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte porque los pasajeros habían cumplido con la cuarentena en el territorio provincial.

El micro con 62 pasajeros a bordo fue detenido cuando circulaba por la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, a pesar de que se encuentra en vigencia el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, informaron fuentes policiales y oficiales. “La voluntad de los venezolanos en tránsito era ir a Buenos Aires”, explicó el gobernador jujeño y sostuvo, asimismo, que “la gente de Colombia” había ido “a ver un partido de Boca”, y, cuando volvían a sus hogares, la medida del aislamiento preventivo y obligatorio, los encontró en La Quiaca, por lo que pidieron volver a Buenos Aires.

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En ese sentido, Liguori enfatiza: “hay que aclarar que eso no es responsabilidad de quienes están en el micro si no de quienes han tomado estas medidas y de quienes pudiendo hacerlo no la impidieron. Esperamos que no se adjudique la responsabilidad a ese grupo de personas si no que se observe con claridad de quién es esa responsabilidad”.

Desde las organizaciones que acompañan a estos pasajeros expulsados de Jujuy, apelaron el rechazo del hábes corpus que fue decidido por la Justicia Federal de Jujuy.

Además de las medidas judiciales, los organismos exigen el cuidado a esos pasajeros. “Más allá de su condición de nacionalidad o de la regularidad o no en cuanto su ingreso al país, lo importante es que las medidas de salud públicas se puedan cumplir para ellos y todo el resto. Requieren de la atención necesaria y de un lugar donde poder alojarse. También que sus necesidades básicas puedan ser contempladas hasta tanto puedan volver a sus países aquellos que se vieron varados ante el cierre de las fronteras, o puedan desarrollar su vida normalmente en condición de migrantes o solicitante de asilos en el país a aquellos que están bajo esa otra condición”, finalizó Liguori.

El insólito argumento de Morales ante los organismos

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó la denuncia realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que, junto a otras organizaciones que denunciaban que se trataba de un “un traslado compulsivo” que no estaba avalado por las medidas sanitarias vigentes.

Para el gobernador jujeño, las críticas se deben a que “el CELS tiene un tema con Jujuy desde lo de Milagro Sala”, la dirigente social presa política de su gobierno.

El comunicado del CELS podés leerlo haciendo clic en este link: «Jujuy: preocupante traslado intempestivo de migrantes»

La voz de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Con fecha del miércoles 2 de abril, el mismo día que fueron detenidos los pasajeros, la APDH emitió un comunicado repudiando ese viaje que atravesó todos los controles provinciales hasta llegar al de Ciudad de Buenos Aires.

“Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desea manifestar su repudio a la decisión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de enviar a la Ciudad de Buenos Aires a un grupo de  migrantes y solicitantes de asilo, en violación a los principios del derecho internacional históricos en nuestro plexo normativo”, dice el comunicado.

“Expresamos asimismo nuestra preocupación por la situación de esas sesenta personas que viajaban en el ómnibus retenido por los controles policiales de la Ciudad, que habían partido en el día de ayer de la Provincia de Jujuy”. Aclara también la situación de los pasajeros, “en el grupo se encuentran personas migrantes, varadas luego del cierre de fronteras y algunas personas que requieren protección internacional, entre ellas algunos niños y niñas”.

Y continúa, “en el día de ayer, 1 de abril, las organizaciones CAREF, ANDHES y CELS presentaron un hábeas corpus, que fue rechazado por la Justicia Federal de Jujuy, y hoy ha sido apelado, en relación con esta decisión del Gobierno de la Provincia de Jujuy”.

“El traslado compulsivo de migrantes sin tener en cuenta sus necesidades y derechos personalísimos nos recuerda momentos siniestros de la historia argentina como durante el terrorismo de Estado cuando se ordenó la erradicación de las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y su traslado violento, o cuando el gobernador Bussi en la provincia de Tucumán trasladó de la misma manera a personas indigentes hacia Catamarca”.

Por otro lado, el organismo destaca, “valoramos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para resguardar los derechos de estas personas provenientes de Jujuy. Pero solicitamos también que se analicen las acciones a seguir por tamaña actitud inconstitucional del gobernador Morales. Hemos cuestionado severamente al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy por su connivencia con el gobierno local violentando el principio de división de poderes, entre otras irregularidades, y, junto a los organismos de derechos humanos, hemos acompañado el pedido de intervención federal a ese poder provincial”.