Hace ya tres años que la ciudad de Mar del Plata es gobernada por Cambiemos. Su actual intendente, Guillermo Montenegro, es un ex juez federal que se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad durante la gestión que lo tuviera a Mauricio Macri como jefe porteño y fue responsable en 2013 de la represión de pacientes y personal de salud del Hospital Borda, lo que derivó en una investigación penal donde estuvieron imputados varios funcionarios y miembros de la Policía Metropolitana.

En 2019, Juntos por el Cambio logró imponer a un hombre de su “riñón” y Montenegro, después de renunciar a su cargo como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires con mandato hasta 2021, se consagró como el nuevo intendente de General Pueyrredón. Desde entonces, comenzó a implementar políticas “privatizadoras” dentro del municipio de Mar del Plata-Batán, que avanzan sobre el espacio público y sobre reservas naturales y convierten al distrito en meca de negocios inmobiliarios para pocos.

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De concesiones y permisos

Previo a la pandemia, ciudadanos, sociedades de fomento y organizaciones civiles, fueron advirtiendo una práctica que se fue incrementando poco a poco y que consiste en la entrega de espacios públicos o naturales. En 2019 se intentó privatizar la “Plaza del Agua” y conceder su explotación a la empresa WAM Entertainment Company (vinculada al Espacio Clarín) por un término de 15 años. Algo que no fue bien recibido por los vecinos de la zona, que se opusieron de forma firme hasta que se archivó el expediente. Así fue como un día la vieja plaza Güemes de Mar del Plata, ubicada en Tucumán y Roca, amaneció como la rebautizada “Converse Park”, lo que no solo significa publicidad no habilitada de empresas privadas en zonas públicas, sino el renombramiento de una plaza, lo que solo puede hacerse bajo la aprobación del Concejo Deliberante. Curiosamente a esta misma “marca” se le había otorgado un permiso para hacer en el Parque Primavesi “La Liga 3×3”, un evento de básquet organizado por la Liga Argentina y la Liga Federal de Básquet y que contó con la presencia de distintos food trucks de importantes compañías que hoy ya están establecidas en ese lugar. Desde el Ejecutivo local se defendieron alegando las “importantes inversiones en equipamiento, juegos, la superficie del playón, pintura, bancos de descanso” que esa empresa realizó y que forma parte de un trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Lo cierto es que este “padrinazgo de espacios públicos”, derivado de una propuesta de Vamos Juntos y que hoy es ordenanza, parece tener muchas veces como única beneficiaria a la empresa a la que se le cede el permiso.

Tal es el caso del café de una reconocida cadena que funciona dentro de la Villa Victoria Ocampo, paradójicamente donde antes estaba parte de la Secretaría de Cultura, que se instaló sin habilitación y evadiendo impuestos bajo el gobierno del intendente Arroyo y que hoy sigue funcionando. O el «coffee take away» que se apostó en medio de la Plaza España, frente a la costa, y que formaría parte de un acuerdo entre el Municipio y la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines. Existe además un pedido de “municipalización” de la zona de Punta Mogotes (donde los terrenos son un 70% de la Provincia y un 30% del Municipio) para poder hacer un emprendimiento con las características de Puerto Madero, lo que significaría un gran negocio dentro de la gestión de Montenegro. A esto se suma el “corredor costero”, que consiste en pasar el camping municipal a manos privadas para la realización de una zona destinada al glamping (servicios turísticos de lujo), a una firma que ya explota comercialmente un área de Playa Club Exclusivo en terrenos que figuran como “Reserva Natural Provincial.

En este sentido, distintos sectores de la comunidad aclaran que el problema no es que se hagan emprendimientos privados, sino dónde se los quiere hacer o dónde, efectivamente, se los termina haciendo.

Apropiarse de lo apropiado

Otro “emprendimiento” comercial comenzó hace unos meses en el camping Luis Piedrabuena, unos lotes de mucho valor inmobiliario que se encuentran al lado del Faro de la Memoria, un espacio que en marzo de 2014 fue señalizado como ex Centro Clandestino de Detención por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estos terrenos pertenecían al Ministerio de Defensa y fueron donados a la Municipalidad de General Pueyrredón, pero luego Augusto Menecier, un suboficial retirado, los expropió y se negó varias veces a retirarse ante el pedido de las autoridades. El exmarino alegó que allí funcionaba una asociación civil, algo que nunca se pudo constatar, y más tarde empezó a funcionar el Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena, donde se cobra una entrada para acceder a los fogones y otros servicios que se ofrecen. Un negocio llevado adelante por un militar retirado en un área que alguna vez fue parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. El 19 de marzo de 2019 el entonces intendente Carlos Fernando Arroyo dio a conocer un convenio donde cedía al exmilitar las tierras por cinco años, aplicando un canon de 80 mil pesos anuales por lotes que ya venía expropiando Menecier y por lo que existía un juicio de desalojo. Cuando asumió en su cargo Montenegro, tampoco se esclareció esta situación irregular entre la Armada, Menecier y el Municipio. Algo que no es extraño teniendo en cuenta que el padre del actual intendente de Mar del Plata fue un reconocido submarinista que revistió en la Base Naval de Mar del Plata como capitán de Navío del ARA Salta entre 1974 y 1977.

Ahora otro “privado” intenta quedarse con la concesión de estos terrenos frente al mar para establecer “Restinga London Dry Gin”, un bar y destilería de gin, lo que sumaría además otra actividad relacionada con la nocturnidad, un sector ya saturado y nada controlado en la ciudad.

El sur también existe

El negocio de los lotes costeros en el sur de Mar del Plata durante décadas fue explotado por distintas gestiones de gobierno. Muchos de ellos estaban bajo la órbita de la Armada, tal es el caso de Mar del Plata Aquarium, que fue construido en 1990 cuando la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) se trasladó y comenzaron a alquilar las tierras para fines turísticos. Luego, en el año 2002 se le concedió al mismo empresario, de apellido Tutudjian, los terrenos abandonados del Faro y el ESIM para la instalación de un parque interactivo llamado Había una vez…, pero el negocio no prosperó. En la actualidad el proyecto privatizador es mucho más ambicioso e incluye la construcción de un barrio privado lindero a la Ruta 11, la expropiación de playas públicas como Playa La Redonda, Paradise y El Marquesado. Este último, un sector que ya en 1977 había sido parte de un inmenso negociado de tierras de la familia Martínez de Hoz, que por entonces se encontraban bajo dominio de la Armada Argentina y que consistió en crear el primer barrio cerrado (Country Club El Marquesado). Una gran estafa con compradores que aún hoy, 45 años después, no han podido escriturar sus terrenos. Un secreto a voces indica que en esa franja costera se proyecta hacer una especie de “Jolla californiana”, con inversiones privadas que llegarían hasta Costa Azul y Playa Los Acantilados, en tierras pertenecientes a la familia Peralta Ramos.

Mar del Plata se convierte así en un territorio propicio para que distintos “personajes” de diferentes espacios políticos hagan sus negocios, otorgando concesiones en espacios públicos o reservas naturales. Haciendo de toda la ciudad un gran “mercado inmobiliario” al servicio de unos pocos.