La abogada denunció las estrictas medidas de vigilancia y control dispuestas por el juez Pablo Pullen Llermanos para custodiar a la dirigente social. Las nuevas omisiones a la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el reclamo permanente por la liberación.
Cumplido el plazo dispuesto por el tribunal internacional, el viernes 15 de diciembre el juez Pablo Pullen Llermanos que mantiene a la diputada del Parlasur con preventiva en dos expedientes ordenó trasladarla a la misma casa del barrio El Dique donde la alojó en agosto para cumplir con la medida cautelar de la Comisión Interamericana de DD HH. También repitió las estrictas condiciones de vigilancia y control: la vivienda está rodeada de alambres de púa y de cámaras, y custodiada por la Gendarmería Nacional y la Policía provincial.
«Pullen Llermanos, con un amplio nivel de desconocimiento y con un encono muy particular con Milagro Sala, dictó una resolución que hace que el Estado argentino se encuentre nuevamente incumpliendo sus obligaciones», detalló Gómez Alcorta, del equipo de abogados de la diputada del Parlasur. «Una prisión domiciliaria que él convierte en una cárcel implica un incumplimiento», insistió.
La defensa técnica de Sala es completamente crítica de la resolución del juez de Instrucción de Causas y consideran que implica lisa y llanamente el incumplimiento de la resolución de la CIDH del 23 de noviembre que ordenó al Estado argentino a adoptar las «medidas de protección que sean necesarias» para garantizar la vida, integridad personal y salud de la dirigente.
«Dictó una resolución idéntica a la que había dado hace tres meses con las medidas cautelares y fue la propia Comisión Interamericana la que al momento de elevar (el caso) a la Corte le dijo que la medida y las restricciones demostraban el incumplimiento», completó la abogada.
El 6 de diciembre la Corte Suprema de Justicia fue igual de taxativa.
La resolución de los organismos internacionales fue para proteger la vida e integridad de la presa. La salud de Milagro se había deteriorado a partir de su reingreso al penal en octubre y atravesó en los últimos días una grave crisis de angustia ocasionada por el contexto de hostigamiento y criminalización.
Por eso, Gómez Alcorta remarcó que Milagro no duerme más en el penal de Alto Comedero. «Eso no es menor. Y lo entendemos como un triunfo del campo popular que durante dos años casi exactos, 700 días, luchó por su libertad.»
Sala está desde el viernes en la casa de El Carmen que había sido saqueada y reconstruyó su organización barrial. Al llegar, apuntó a sus carceleros: el gobernador Gerardo Morales, Clara «Titina» Langhe de Falcone, titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, y el juez. «Es algo increíble que sigan violando las órdenes de la Corte interamericana y de la Corte Suprema de Justicia, es algo sorprendente que se caguen en todo», disparó. «
Reclamo por la salud de una detenida
La militante de la Tupac Amaru Mirta Rosa «Shakira» Guerrero, una de las siete presas políticas de la organización, pidió la internación domiciliaria por el tiempo que dure la recuperación de la cirugía abdominal a la que fue sometida y por la que se encuentra internada. Los médicos advirtieron que su regreso al penal «generaría una situación de riesgo para su salud». El Comité por la Libertad de Milagro Sala denunció el agravamiento de las condiciones de detención de las presas políticas en la cárcel de Alto Comedero.
El abogado Facundo Vargas Durán presentó un hábeas corpus preventivo para «evitar que se repita ese abandono de persona». Por su parte, un equipo médico conducido por Daniel Gollán le presentó al juez un informe en el que advirtió que el penal «no tuvo las condiciones adecuadas» para recuperarse y que se la obligó a practicar actividades físicas contraindicadas.
La segunda operación se realizó el 11 de diciembre. En su informe post quirúrgico, el cirujano José Álvarez indicó de manera terminante la necesidad de reposo absoluto de 90 días y una dieta especial.
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