Una de las juezas que durante dos décadas intervino en la causa por el reclamo del Estado Nacional a la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri, dejará el cargo porque cumplió 75 años y le revocaron la cautelar que le permitía seguir en el cargo pese a superar ese límite etario.

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María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero cumplió 75 años en noviembre pasado. Según un fallo de la Corte Suprema de 2017, ningún juez que supere esa edad puede permanecer en el cargo a menos que exista una suerte de reválida, un nuevo acuerdo del Senado de la Nación a pedido del Poder Ejecutivo.

Nada de ello ocurrió con Gómez Alonso. Sin embargo, un juez de primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, le concedió una cautelar invocando un antecedente que la propia Corte Suprema dejó de lado.

Gómez Alonso es camarista desde 1988 y forma parte de la Sala de la Cámara en lo Comercial que interviene en la Causa Correo desde que se inició, en 2001. Con su intervención, un proceso que debía agotarse en poco tiempo lleva ya dos décadas. No es sólo su responsabilidad, por cierto.

Hoy, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con las firmas de los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy puso virtual fin a su carrera. «Más allá de los planteos concretos de la actora, corresponde señalar que la prestación regular del servicio de justicia no se vería afectado con esta decisión ya que la situación controvertida se encuentra reglamentada en las resoluciones del Ministerio de Justicia».

Ocurre que el Reglamento del Ministerio de Justicia para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75años de edad establece una modalidad para la permanencia. Y en el caso de Gómez Alonso, nada de eso se cumplió.

«La actora no afirma ni acredita haber dado cumplimiento con dicho trámite, ni tampoco ha cuestionado la validez constitucional de tal reglamentación», explica el fallo.

Gómez Alonso es una de las juezas que figura en el listado de visitas a la Casa de Gobierno en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Lo hizo acompañada por Pablo Clusellas, ex secretario de Legal y Técnica del gobierno de Cambiemos y sindicado como integrante de la «mesa judicial».

El fallo que revocó la cautelar que le permitía a la camarista seguir ejerciendo el cargo recordó que el  Consejo de la Magistratura dispuso que «sólo pueden continuar en su cargo aquellos magistrados que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo».

Nada de eso ocurrió con la camarista. Sólo siguió siendo jueza porque un colega (incluso de menor jerarquía) se lo posibilitó. Hasta hoy.

El fallo que revoca la cautelar significa, en los hechos, el final de la carrera judicial de Gómez Alonso. Más allá de eventuales apelaciones ante la Corte Suprema, por haber superado la edad límite y no contar con un paraguas que tenía hasta hoy, ya no es jueza.

El fallo sostiene que “el interés del accionante (ella misma) de mantenerse en su cargo en las actuales condiciones se encuentra en oposición con el interés de los justiciables y del sistema judicial, en general en la preservación de la garantía del juez natural, que se vincula con el respeto a las normas constitucionales que regulan la designación y mantenimiento de los jueces federales”.