Con la mitad de los votos en cada comisión, el jueves por la noche quedó firmado el dictamen de mayoría del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

En la Banca de la Mujer, que encabeza la peronista pampeana Norma Durango y está conformada sólo por senadoras, el dictamen se obtuvo a las pocas horas de finalizado el plenario de hoy, de las 28 integrantes, 14 votaron en forma afirmativa.

La comisión de Salud, presidida el radical jujeño Mario Fiad (quien está en contra del proyecto) también aseguró los votos durante la tarde, y fueron 10 de los 17 integrantes quienes dieron su voto afirmativo, es decir el 59% de la comisión.

Por su parte, en la comisión de Justicia, el dictamen obtuvo un 53% de firmas, lo que equivale a 9 firmas sobre 17 integrantes

Una tarde agitada

El dictamen del proyecto de aborto legal pasó la tarde sumando firmas este entre los senadores integrantes del plenario de comisiones con la esperanza de que este viernes se llegue a las 27 voluntades necesarias para pasar al recinto y ser tratado

Según pudo saber Tiempo, la virtualidad de la firma demoraba la circulación del dictamen, pero se especulaba que entre este jueves por la noche o el viernes por la mañana estaría cumplido el trámite legislativo necesario para debatir el tan postergado derecho en el recinto de la Cámara Alta. En 2018 se lograron justo las 27 firmas necesarias para poder tratar el proyecto, ni una más.

Una fuente legislativa aseguró a Tiempo que se esperaba que se llegue a las firmas debido al compromiso ya expresado por varios legisladores, que durante la tarde del jueves analizaban el texto “con lupa”.

Una de las quejas de algunos senadores es que el texto prevé penas para los profesionales de la salud que no cumplan de manera debida la práctica médica. Ese reparo intentó ser solucionado con la extensión de la objeción de conciencia institucional, es decir, que todo el plantel de una clínica confesional pueda negarse a garantizar el derecho sancionado. Esas negociaciones establecidas desde el Poder Ejecutivo con los senadores quedaron plasmadas en el dictamen durante el tratamiento en Diputados. Sin embargo, ahora vuelven a estar en observación sobre la penalidad a los profesionales de la salud que sin ser objetores de conciencia se nieguen a realizar la práctica o la dilaten. Esto, a su vez, generaría conflictos de interés entre el derecho del paciente y el derecho del profesional.

A su vez, José Mayans, presidente del bloque oficialista, está teniendo una intervención intensa en los debates y en los pasillos. “José está jugando fuerte”, reconocen algunos. “La autoridad se ejerce y va a trabajar hasta donde su influencia dé, eso puede torcer algún voto”, especulaba un legislador peronista, que a su vez analiza que en el “viejo PJ el voto está dividido. No hay una conducción clara”. Sí hay una posición más clara por parte del “cristinismo”, expresado en las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Nancy González y María de los Ángeles Sacnun.

Sin embargo, también dentro del bloque oficialista circulaba la crítica a la falta de estrategia a la hora de organizar las exposiciones para ganar voluntades a favor. Por lo pronto este jueves el cierre estuvo a cargo de especialistas contrarios a la sanción de la ley. “Las exposiciones las cerró la iglesia católica” se quejaban, ya que los últimos dos fueron Fernando Toller, empleado de la Universidad Austral -que pasó a la historia por haber argumentado en Diputados con un texto del Señor de los Anillos-, y Eduardo Menem, en calidad de constitucionalista.

A su vez, corrió la versión de que tres senadores de Juntos por el Cambio que estaban indecisos o no habían hecho pública su posición, se terminaron definiendo en contra del derecho para no facilitar lo que ellos creen que es una victoria del oficialismo. De hecho, este jueves el senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino comunicó su negativa luego de que en 2018 había votado en contra y este año había dicho que estaba reconsiderando su posición. El argumento que usó fue que hizo una encuesta en su provincia que dio como resultado que había una mayoría -que no especificó- en contra del derecho al aborto.

Sin embargo, La Pampa, de donde proviene la senadora presidenta del plenario Norma Durango, siempre fue una provincia pionera en el respeto a los derechos de las mujeres y personas gestantes. El Protocolo para la Atención a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación, pero por el momento, 12 provincias aún “no han adherido o poseen un protocolo propio y/o restrictivo”. La Pampa es una de las 11 provincias que adhirió y, en 2018, oficializó a través de una resolución ministerial una normativa propia, adaptada a la realidad provincial.

Por lo pronto, las especulaciones siguen, por lo que muchos de los senadores y senadoras prefieren no dar a conocer su voto de manera anticipada. “Está muy parejo, hay un final abierto”, coinciden varios legisladores oficialistas.

El plenario de comisiones del Senado que trató el proyecto de ley de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo logró dictamen de mayoría este jueves por la tarde, luego de que los senadores escucharan a 60 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo. El proyecto se debatirá en el recinto de la Cámara Alta el martes 29 de diciembre.

El plenario de tres comisiones, la Banca de la Mujer, a cargo de Norma Durango, también encargada de presidir el plenario, Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Oscar Parrilli, y de Salud, a cargo de Mario Fiad, dieron por cerrada la instancia de exposiciones. Pusieron a la firma el dictamen basado en la media sanción de Diputados. Durango agradeció “el debate serio, responsable y respetuoso” que se dio en el Senado pese “a las diferencias” y anunció que el tema sería llevado al recinto el 29 de diciembre.