El Gobierno de Bolivia informó este lunes el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.

El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien detalló que se trata de 40 mil municiones que estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana, que se suman a las 26.900 halladas el año pasado en manos de la policía de ese país, de un total de 70 mil enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

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«Esto confirma la totalidad de la prueba del delito», expresó Basteiro, en diálogo con el El Destape Radio.

En declaraciones a Télam, el embajador consideró que estas 40 mil municiones halladas «refuerzan la denuncia por contrabando» e incluso se suman a «otros elementos que siguen reconfirmando» la comisión de ese delito.

Por ejemplo, mencionó «reuniones de la Embajada argentina (en tiempos de Cambiemos) con otras embajadas en las que se hablaba de preparar el terreno para que se avanzara en un golpe» contra Morales.

De igual manera, fuentes judiciales consideraron que se trata de un «avance significativo para la investigación judicial» y remarcaron que, aunque la respuesta no es completa, despeja interrogantes que existían sobre el destino de los pertrechos.

El Gobierno boliviano de Luis Arce halló las balas antitumulto que se entregaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y que habían sido distribuidas «en diferentes cuarteles y organismos» de la FAB.

El hallazgo de las municiones es parte de un exhorto que la justicia de Bolivia envió a la Argentina.

El documento consta de una serie de informes que da cuenta de que el entonces Gobierno de facto de Jeanine Áñez -tras la expulsión de Morales de la Presidencia boliviana- recibió el material armamentístico enviado de forma irregular por la gestión macrista.

En Argentina, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

La fiscalía de Bolivia pidió 15 años de prisión para Áñez

El juicio penal a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se reanudó este lunes, pese a pedidos de su defensa para suspender el proceso, y la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para ella por el golpe de Estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales, pero la jornada debió suspenderse hasta mañana porque la acusada se descompensó y ya no pudo conectarse.

Un juzgado anticorrupción de La Paz retomó la audiencia, a la que asistía por videoconferencia la exmandataria, de 54 años, desde un penal de mujeres, donde está recluida desde marzo de 2021, según la agencia de noticias AFP.

La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del juicio.

Los abogados argumentaban que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debía responder al recurso presentado por Áñez en el que solicitaba se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Los abogados argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión.

Con esta solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio.

El juicio se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la expresidenta presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.

Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberará y dictará la sentencia correspondiente.

En la acusación presentada por el Ministerio Publico se presentaron más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones acusando a la exmandataria que hubiese adecuado su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

En el juicio se analiza también la conducta de varios exjefes militares y policiales.