Legisladores de extracción sindical presentaron un proyecto antidespidos similar al vetado por Macri en 2016. Los posibles obstáculos de un trámite parlamentario clave.
La iniciativa, que prohíbe los despidos o suspensiones, sin justa causa por 180 días, lleva las firmas de Siley (Sitraju); Hugo Yasky (CTA); Walter Correa (secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores); Pablo Carro (secretario general de la CTA Córdoba); Abel Furlán (secretario general de la Seccional Zárate- Campana de la UOM); y Facundo Moyano (secretario de Cultura, Ciencia y Técnica de la CGT).
Según explicaron los diputados firmantes, «el objetivo principal es insistir con una ley de emergencia ocupacional para detener la ola de despidos y preservar las fuentes de trabajo en el territorio argentino. Se busca prohibir despidos y suspensiones por el plazo de 180 días y duplicar las indemnizaciones en los casos de despidos sin justa causa».
El texto recuerda que, en la oportunidad del veto, Macri señaló que su gobierno estaba adoptando medidas «para generar confianza y que se concrete un período de inversión, crecimiento económico y generación de empleo genuino». En ese marco, la oposición entiende que el gobierno fracasó en su plan.
Al respecto, Siley sentenció: «El tiempo demostró que mintieron con su promesa de generar empleo genuino. No sólo eso, la situación en el mundo laboral empeoró al punto que ya ni existe el Ministerio de Trabajo en nuestro país».
Además, la dirigente sindical expicó ante Tiempo que la iniciativa también tiene como objetivo «marcar el fracaso en la política de industria y trabajo del gobierno de Cambiemos». Y agregó: «La ley antidespidos iba a estancar el empleo, pero lo que fracasó fue la política económica».
Los diputados de la oposición asumen la dificultad de intentar llevar delante el tratamiento en medio de un año electoral: el Congreso funcionará a cuentagotas y con los límites que imponga el macrismo y pensar que la oposición pueda introducir el tratamiento de la ley antidespidos en una sesión ordinaria es utópico.
Sin embargo, desde la oposición apuntarán a lograr el despacho favorable en comisión y luego, en el mejor de los casos, convocar a una sesión especial.
Los obstáculos que deberá superar la oposición son muchos y las sesiones, se sabe, serán escasas. Con todo, los diputados de extracción sindical son optimistas y dan por descontado el apoyo de todo el arco opositor e incluso de algún sector del oficialismo.
Entre los diputados de la oposición nadie duda que, en caso de que la ley sea sancionada, volverá a ser vetada. En ese escenario, el objetivo será costo político que pagará el oficialismo.
En cualquier caso, el recorrido parlamentario deberá comenzar por la comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado pampeano y candidato a la gobernación de esa provincia por el peronismo, Sergio Zilotto. Las elecciones provinciales en La Pampa se realizarán el próximo 11 de mayo por lo que, como es lógico, el diputada estará con actividades de campaña que le complicarán el trabajo parlamentario.
El texto también fue girado a la comisión de Presupuesto que conduce el ultramacrista Luciano Laspina, lo que complejiza más el trámite parlamentario y le garantiza al oficialismo la parálisis del expediente.
En 2016, cuando aún gozaba de imagen positiva y de un alto grado de credibilidad en un sector importante en la sociedad, el presidente justificó el veto: «En lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la Argentina en esta nueva etapa y apuestan por el país».
Los hechos contrastaron los argumentos de Macri. Casi tres años después, los empleos registrados disminuyeron, las inversiones nunca llegaron con la potencia esperada y las empresas hacen cola en el Ministerio de Producción para solicitar el Procedimiento Preventivo de Crisis. «
Marcha federal con la CGT
La CGT, gremios opositores y el Partido Justicialista, debaten la estrategia para lanzar una marcha federal contra el gobierno de Mauricio Macri, que puede ser a fines de marzo o principios de abril. La idea comenzó a cobrar cuerpo en la reunión de la mesa de Acción Política del PJ del miércoles pasado, en la que participaron uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Víctor Santa María (encargados de edificios), junto a Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli y Horacio Ghilini. También participó el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
La marcha permitirá a la CGT oxigenarse frente a las presiones externas que recibe del moyanismo, las CTA, la Corriente Federal y los movimientos sociales. Todos ellos contemplaban que la Central obrera convocaría para marzo a un paro general.
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