Entre marchas anticuarentena en los centros urbanos, y ocupaciones de tierras en las periferias, la Argentina actual se debate en torno a cómo será la vida después del COVID-19. El Frente de Todos, las tensiones políticas y un bloque social popular que puede llegar a constituirse para dinamizar los cambios que el país requiere, con el objetivo de que la salida no sea una copia devaluada de series que ya se han visto.

La foto de este jueves 27 de agosto expresó como ninguna otra la realidad de la clase trabajadora en la actualidad. La cumbre entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) en la sede de la Unión obrera de la Construcción es una clara muestra del potencial que tiene la unidad entre la histórica central obrera y la nueva herramienta gremial que se han dado los movimientos populares del precariado. Las diferencias entre ambos sectores del mundo obrero actual pueden observarse en números. Hay asimetría de ingresos entre la franja asalariada (aún con sus amplios bolsones de precarización) y la franja de quienes se “inventan” un trabajo (sin patrones, pero también sin derechos) y que, desde que se aprobó la Ley de Emergencia Social en 2016, perciben un Salario Social Complementario equivalente a la mitad del monto de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Y además hay diferencias pueden detectarse con claridad mirando a sus dirigencias.

El lanzamiento en Buenos Aires del “Plan de Desarrollo Productivo para la Pospandemia” contó con la participación de las principales representaciones sindicales (Gerardo Martínez de la UOCRA; Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento; Rodolfo Daer, de sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio; Antonio Caló, de la UOM; José Luis Lingeri, de obras sanitarias; Armando Cavalieri, de mercantiles; Omar Maturano, de conductores de trenes de La Fraternidad). Eran todos hombres y la mayoría de edad avanzada. Permanecen en sus puestos al frente de los sindicatos hace muchísimos años. Por la UTEP participaron dirigentes con trayectoria como Esteban “Gringo” Castro (su Secretario General), junto a otros referentes con trayectoria en la organización y la lucha social pero más jóvenes, como Gildo Onorato (Movimiento Evita), Luciano Álvarez (Corriente Clasista y Combativa) y Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie). Un rasgo distintivo puede detectarse en la presencia de varias dirigentes mujeres, todas de reconocida trayectoria de base y amplia presencia pública, como Jackie Flores (del Movimiento de Trabajadores Excluidos), Marina Joski (del Movimiento Popular La Dignidad) y Dina Sánchez (del Frente Popular Darío Santillán). Son muestras de cómo la incipiente organización sindical del precariado no es ajena a los tiempos que corren.

El fenómeno de protagonismo femenino no es nuevo en el país y cuenta con una rica historia. Desde las mujeres anarquistas hasta Evita, pasando por las Madres de Plaza de Mayo y las piqueteras o las activistas de los Encuentros Nacionales. Pero resulta innegable que tras el fenómeno del #NiUnaMenos, la experiencia tomó un rasgo de masas desembocando en movilizaciones muy numerosas como las que se produjeron en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la promoción de la Primera Huelga Internacional de Mujeres. Esto introdujo la discusión-fundamental para la economía popular-en torno a la invisibilización del trabajo de reproducción social (aquello que algunas teóricas han denominado como el “patriarcado del salario”).

La “generación de empleo”, la “puesta en marcha del aparato productivo” y la “unidad nacional” pregonada a través de dicha convocatoria, que propone iniciar un proceso de “diálogo tripartito e institucionalizado”, no podrá dejar de tener en cuenta, entonces, estas características de la nueva composición orgánica y política de la otrora denominada, por el peronismo, “columna vertebral” del movimiento (de liberación). Es ese que cuenta además, en el haber de su historia, con programas como los de “La Falda”, “Huerta grande” y el de la “CGT de los Argentinos”, que desde el movimiento obrero promovieron la justicia social y soberanía nacional.

La insistencia de las empresas periodísticas, la clase política y aún del sindicalismo tradicional, de seguir denominando como “movimientos sociales” a los Movimientos Populares no parece ser casual. Se intenta neutralizar todo el contenido transformador de estas experiencias, que a la vez que dan respuesta a las necesidades inmediatas de sectores sociales específicos elaboran estrategias de intervención para que ese precariado plebeyo, que se viene poniendo en acción en los subsuelos de la patria, cuente con una voz a la hora de discutir los destinos del país. Por eso sostenemos que los Movimientos Populares son organizaciones sociales + programa político.

Por eso la cumbre entre ambos espacios cobra una importancia fundamental en la coyuntura, a la vez que es un rasgo cardinal en el plano estratégico. En términos circunstanciales, abona a gestar una fuerza social organizada de respaldo al gobierno en un contexto de movilización social por derecha. En términos estructurales, puede contribuir a gestar el bloque social popular necesario para avanzar en un proceso de transformación. Lo hemos dicho en más de una oportunidad: no es posible enunciar ningún proyecto de cambio si no se sustenta en un sujeto social capaz de viabilizarlo. Y por más cambios que el neoliberalismo haya introducido a la vida social capitalista, nos resulta imposible pensar en un proceso político emancipatorio que no sea sustentado por un bloque social popular hegemonizado por la clase que vive de su trabajo, sea asalariado o gestado en los marcos de la economía popular.

Claro que, si bien ambos sectores coinciden en respaldar en estos momentos al gobierno nacional, sus perfiles y dinamismo son marcadamente diferentes. Estas posturas quedaron claras durante la “coyuntura Vicentín”, en la que los Movimientos Populares volvieron a ejercitar su gimnasia de movilización, aún en momentos de aislamiento social, que éstas expresiones respaldan, sostienen y respetan.

Esta situación lleva a los movimientos a caminar por una cuerda floja: mientras se reclama que las altas esferas gubernamentales atiendan a la “deuda interna”, se valora positivamente que el gobierno haya “honrado” sus compromisos con la deuda externa contraída de manera fraudulenta e ilegítima. Es en un contexto social complejo, atravesado por una crisis sanitaria y económica sinigual, frente a la cual el gobierno nacional ha priorizado la salud de su población, que fue asistida mediante el IFE, en un contexto de deuda social profunda, no sólo producto de las políticas neoliberales de los últimos cuatro años sino incluso del ya largo ciclo de período “democrático”.

En ese sentido, los Movimientos Populares mayoritariamente se dieron una estrategia de intervención electoral, siendo parte hoy del gobierno del Frente de Todos. Deben “hacer oficialismo” sin descuidar la dinámica que les dio legitimidad y les permitió multiplicarse territorialmente y crecer en cantidades de personas organizadas y con capacidad de movilización. Estar presentes allí junto a las y los últimos de la fila, que son quienes no sólo se inventan un trabajo (carente de derechos) y sostienen un entramado comunitario, no siempre reconocido, al menos como se debería, sino quienes carecen de vivienda y ven muchas veces como sus jóvenes son arrancados de esta vida por el accionar criminal de las fuerzas de seguridad. De allí que no pueda esperarse más que un futuro contradictorio y lleno de tensiones; proceso que deberá transitarse atendiendo a modos de resolución que sean capaces de diferenciar entre lo antagónico y lo no antagónico, lo principal y lo secundario en cada momento.

Esta crisis, como toda crisis, abre una oportunidad. Puede quedar en una frase o puede ser el motor de una serie de discusiones, en torno, por ejemplo, a la necesidad de conquistar un gobierno popular, capaz de ejercitar una democracia plebeya en la que se ponga en discusión la estructura de poder heredada del neoliberalismo (el de Macri, pero también el de Menem-De La Rúa- Duhalde, por no hablar de la última dictadura cívico-militar). Pero ninguna de estas discusiones se podrán abordar sin fuerza social organizada y con capacidad de disputar sus ideas y sentidos en las calles. Y ese proceso no es posible de efectuar sin unidad. Unidad en la diversidad y plagada de contradicciones y tensiones. Es decir, unidad popular real, y no mera expresión de deseo o ejercicio de la discursividad.