Comienzan a verse los primeros acuerdos entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras proponer una «Moncloa» argentina, Sergio Massa y las autoridades del interbloque Juntos por el Cambio llegaron a un acuerdo parlamentario este miércoles respecto al tema alquileres que hizo postergar la sesión especial que había pedido el principal espacio opositor para el 5 de abril. 

Según pudo conocer Tiempo, lo acordado implica constituir en lo inmediato la Comisión de Legislación General, que hasta el recambio parlamentario presidió la oficialista Cecilia Moreau y todo indica que continuará en la presidencia. El debate comenzará el próximo martes y se extenderá por un plazo de 30 días hábiles. Los integrantes de la comisión recibirán a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual.  

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También se acordó que este problema acuciante para inquilinos y propietarios será de exclusivo tratamiento de la Comisión de Legislación General por decisión de giro unificado de la Presidencia de la Cámara. Vencido el plazo de 30 días hábiles pactado, y en caso de que no haya dictámenes de la Comisión, Juntos por el Cambio se compromete públicamente a reimpulsar el pedido de sesión especial.  

Tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio ven el acuerdo como un win-win entre un Massa que se muestra como generador de consensos y los líderes de los bloques cambiemitas que se sienten “satisfechos” por imponer agenda y acelerar el trabajo parlamentario en una Cámara donde todavía no logran conformarse todas las comisiones. Por ahora la actual ley, denominada mediáticamente “Lipovetsky”, no se suspenderá ni se derogará. 

Hay varios proyectos en danzas, pero por parte del Frente de Todos, el sanjuanino José Luis Gioja, presentó un proyecto para modificar la ley de alquileres, que propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos. 

El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales. 

La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 

De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto. 

Asimismo, propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales. 

Uno de los puntos que podrán ser cuestionados por la oposición es la propuesta de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.