El ex funcionario de Cambiemos tenía 1.2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado. La fiscal Alejandra Mangano solicitó al juez Bonadío que pida a la Oficina anticorrupción la declaración jugada.
La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del ex funcionario del gobierno de Cambiemos.
La denuncia contra Díaz Gilligan había sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que el diario El País, de España, revelara que el funcionario argentino tenía en una cuenta en Andorra.
El diputado kirchnerista también había solicitado que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta «omisión maliciosa» por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos.
«Díaz Gilligan, mínimamente, habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad», sostuvo Tailhade en la denuncia.
«Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País», sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada por el diario español.
«No podemos soslayar que en su ‘defensa’ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra», remarcó el diputado kirchnerista.
«Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político», remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.
En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que «no hay fondos públicos involucrados» en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.
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