La fiscal federal Paloma Ochoa pidió hoy la indagatoria del ex ministro de Justicia Germán Garavano, de Alejandro Vandenbroele y del ex director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados Francisco Lagos por los fondos públicos que le fueron provistos al “arrepentido” de la Causa Ciccone justo después de que se arrepintiera y contribuyera a la condena del ex vicepresidente Amado Boudou.

Entre esos fondos públicos, que superan los cuatro millones de pesos, figuran los que financiaron el emprendimiento hotelero de Vandenbroele en Mendoza.

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El dictamen de la fiscal es demoledor. No sólo desnuda cómo desde el gobierno de Mauricio Macri se financió a un arrepentido sino que prueba además que Vandenbroele incumplió los términos del acuerdo, que ello no fue asentado en el legajo del Ministerio de Justicia y que se le pagó durante mucho tiempo más que los seis meses de plazo máximo establecidos por la ley.

Para blanquear esa ilegalidad, el ex presidente Macri firmó un DNU 12 días antes de la finalización de su gobierno.

“Bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa, pese a las causales de expulsión por manifiesto incumplimiento de las disposiciones previstas y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación. Todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”.

El dictamen explica que el 13 de noviembre de 2017, luego de “manifestar su deseo de aportar información” como arrepentido en la Causa Ciccone, ingresó al Programa, “bajo cuyo resguardo permaneció hasta su salida voluntaria con fecha 28 de febrero de 2020”.

Durante dos años y tres meses, Vandenbroele recibió fondos del Estado por 4.478.559 pesos. La Ley del Arrepentido, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, establece taxativamente que “en ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis meses”. 

Sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, Macri firmó el DNU 795/2019, por el cual modificó la ley (por si no se entendió: cambió una ley por decreto) y dispuso que “la asistencia económica podrá otorgarse por seis meses. Si existieren razones de seguridad debidamente fundadas que justifiquen extender dicho plazo, el Director Nacional de la Agencia Nacional De Protección A Testigos e Imputados podrá prorrogarlo sucesivamente hasta un máximo de 24 meses. Excepcionalmente, y mediando solicitud debidamente fundada por parte del Director Nacional de la mencionada Agencia, el juez o tribunal de la causa podrán autorizar que la asistencia se extienda hasta los 36 meses”. 

Según el dictamen de la fiscal Ochoa, “sin que obre en el legajo ninguna disposición que justifique su apartamiento, la asistencia económica en cuestión se extendió formalmente hasta el día 4 diciembre de 2019, donde por resolución se dio por concluida”. No obstante, al día siguiente, se registró un nuevo depósito bancario. 

Vandenbroele incumplió los términos acordados para su incorporación al Programa de Protección a Testigos. “El 4 de enero de 2018, aduciendo con engaño una autorización inexistente y aprovechándose de la confianza y buena fe de la custodia que tenía asignada, se movilizó sólo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección. La custodia asignada logró efectuar un seguimiento y observar que Vandenbroele llevaba consigo una mochila, que arribado al centro de Pilar un hombre desconocido subió al vehículo llevando consigo un portafolio, que el protegido y su acompañante circularon y que, luego de dar una vuelta manzana estacionó para que descendiera el hombre, tras lo cual inició el camino de regreso”, describe el dictamen.

No sólo eso: “la custodia obtuvo fotos de dicho encuentro que fueron agregadas al Legajo. Pese a ello, las vistas fotográficas que habrían sido anexadas, no lucen agregadas ni obran en ninguno de los registros y bases de datos del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”. 

El 5 de agosto de 2019, la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz –una de las impulsoras mediáticas de la Causa Ciccone- informó al coordinador del Programa que el día anterior el monotributista arrepentido “acompañó a su hija a su domicilio en estado de ebriedad manejando su automóvil, y que no era la primera vez que traslada a su hija en ese estado”.

La ley del arrepentido establece que “el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobado será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión”. Sin embargo, Vandenbroele no sólo no fue excluido sino que, por el contrario, el ex  ministro  Garavano lo premió facilitándole su emprendimiento hotelero en Mendoza, “pese a sus compromisos judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

El pedido de indagatoria debe ser resuelto por el juez federal Julián Ercolini.