En casi todos los juicios por crímenes de lesa humanidad del país se escuchan las voces de quienes fueron niños y niñas durante la dictadura que cuentan lo que padecieron junto a sus familias en el terrorismo de Estado. Muchos fueron secuestrados junto a sus padres, abandonados después de un operativo represivo o incluso llevados a algún centro clandestino de detención. La gran mayoría integra las causas como testigos de lo que les ocurrió a sus familias pero no como víctimas de esos delitos.

El avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia lo volvió cada vez más notorio y son esos esos hijos e hijas, hoy personas adultas, quienes buscan cambiar esa mirada en la Justicia, que hasta ahora los representó vinculados al destino de sus padres y madres y no como damnificados directos de los hechos. Algo que sí ocurre, por ejemplo, con quienes fueron apropiados durante la dictadura y cuyas identidades lograron ser recuperadas por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.

El reciente juicio por crímenes de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes lo dejó en evidencia. Los excarapintadas Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari recibieron prisión perpetua por el secuestro de Rocío Martínez Borbolla, entre otros hechos. Sus hijos Bárbara y Camilo García, quienes tenían 8 y 4 años, fueron encerrados, golpeados y amenazados por el grupo represivo y luego abandonados con un vecino. Si bien declararon en el juicio, lo que sufrieron no formó parte de la causa.

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“Sí, fuimos víctimas y sobrevivimos y hay todo un punto que no se tuvo en cuenta, que es lo que uno vivió en primera persona. Estábamos ahí, fuimos agredidos, maltratados, amenazados. Se llevaron a nuestra mamá, no la vimos nunca más y no se hace justicia desde ese lugar”, explicó Bárbara en diálogo con Tiempo y contó que durante muchos años, por su corta edad, tampoco le creían que podía identificar a quien había encabezado el operativo. Recién en 2017 pudo hacer la identificación en el juzgado de Daniel Rafecas y reconoció a Sánchez Zinny como el jefe del operativo. “No hay antecedentes de un hijo que reconozca así a uno de sus agresores, porque el tipo no solamente se llevó a mi mamá, a mí me pegó un culatazo, jugaba con la vida y la muerte, si nos dejaba vivos. ¿Eso quién te lo borra de la mente? A mí no se me borra y a Camilo no se le borra tampoco el pánico que sintió”, añadió.

Si bien esta misma situación se repite en muchas otras causas, de a poco empieza a visibilizarse lo que les ocurrió a las infancias en dictadura. “Tiene mucho que ver con la mirada respecto de las víctimas. Históricamente, las víctimas eran las que pasaron por centros clandestinos de detención. Después esa mirada se fue ampliando para entender que no solo fue privado de su libertad quien fue llevado a centros clandestinos sino también a quien llevaron en un auto, lo secuestraron y largaron en el camino antes de llegar al lugar”, explica el abogado Pablo Llonto, quien representó a Bárbara y Camilo y también a María Ofelia Santucho en el juicio Puente 12 II.

En ese debate de 2021 fue condenado a 16 años de prisión el expersonal Civil de Inteligencia del Batallón 601 Carlos Españadero por el secuestro, tormentos, abuso deshonesto y coacción contra 17 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes del entorno familiar de Mario Roberto Santucho, dirigente del PRT ERP.

El juicio arrancó sólo con el caso de María Ofelia, quien tenía 15 años al momento de los hechos. Luego, por pedido de la fiscalía y querella, el Tribunal Oral Federal 6 de CABA hizo lugar a la ampliación de la acusación e incluyó a sus hermanas menores, primas y su primo de apenas 8 meses, hijos de su tío Roby. Con el antecedente de esa sentencia, se comenzó a pedir la inclusión en otros juicios en los que tampoco eran parte niños y niñas.

“Se necesita que las y los jueces de instrucción, sobre todo, entiendan que cualquier persona a la edad que tuviese en ese momento, que fue privada de su libertad, que fue sometida a algún tipo de tormento o que estuvo en situación de desaparición forzada, tiene que ser incluida como víctima en las indagatorias de los mismos responsables a quienes se les atribuye el delito respecto de los mayores. No puede haber diferencia de ningún tipo y la sentencia del caso Españadero confirma esta línea”, añadió Llonto.

Entre las hijas e hijos, ese cambio de mirada es también bastante reciente. “Creo que muchos nos dimos cuenta con el tiempo, o por lo menos yo, de que nosotros también fuimos víctimas, también nos secuestraron. En mi caso, me dejaron en una casa vecina hasta que mi abuelo me pudo encontrar, estuve secuestrada y regalada. Eso también es un delito que cometieron los genocidas, pero esos no son los delitos que hoy se juzgan”, cuenta Diana Oliva, integrante de H.I.J.O.S. de Córdoba.

Diana fue secuestrada en San Justo con apenas un año en mayo de 1977 junto a su mamá, Sonia Alicia Blesa De Oliva, quien se había fugado de la cárcel del Buen Pastor, de Córdoba, y había vuelto a militar en Buenos Aires.

“El hecho de separarte de tu familia ya es un acto de violencia. Hay millones de cosas que no veíamos y no las veía tampoco la sociedad. Creo que hoy hay otra mirada, se tiene más en cuenta a la niñez y a la adolescencia, hay políticas dirigidas a eso que antes no había. Y también empezamos a verlo nosotros, que testimoniábamos en los juicios de nuestros viejos y que esos testimonios también correspondían para juzgarlos por lo que nos hicieron a nosotros”, señaló y agregó que desde H.I.J.O.S. Córdoba buscan impulsar una causa que empiece a visibilizar algunos de estos casos. «

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Otros juicios con infancias

En la causa por el operativo en la Quinta La Pastoril se juzgan los crímenes cometidos contra 15 personas, una de ellas un niño de 7 años, quien sobrevivió. La fiscalía y querellas intentaron incluir los hechos que sufrieron otras 2 niñas y un niño de entre 4 años y 6 meses que estaban en esa casa junto a sus padres, pero el Tribunal no lo aceptó.

Otro caso paradigmático es el del juicio por los crímenes cometidos en Laguna Paiva. Allí se condenó a la patota de la policía de Santa Fe por los secuestros y tormentos a Catalino Páez, quien había sido referente del PRT en la región y su familia. Si bien se incluyó el caso de su hijo Mario, quien tenía 14 años, quedaron afuera los hechos que tuvieron como víctimas a sus hermanos, hermanas, primos y primas: 16 niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres o abandonados en sus casas y que sufrieron todo tipo de violencias. La querella de la APDH intentó que se ampliara la acusación durante el debate, pero el TOF de Santa Fe lo rechazó.