Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó el mes pasado su informe anual 2021. El trabajo recoge situaciones de torturas, hacinamiento y muchos otros agravamientos en las condiciones materiales de detención de quienes padecen el encierro punitivo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Ariel Cejas Meliare, en su carácter de procurador adjunto, reflexiona: “Fue muy difícil realizar el trabajo en contexto de encierro post pandemia. Destaco el fallo conseguido por la PPN en relación a que los detenidos con covid-19 no estén alojados en comisarías”, aseguró Cejas Meliare, a Tiempo. Continuó explicando que estos dispositivos de encierro “se encuentran sobrepoblados violando todo tipo de derechos”.

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“Tenemos que retomar la discusión de cómo trabajar la sobrepoblación porque la situación de las cárceles federales es alarmante, en particular la cárcel de Devoto que está prácticamente destruida”, señaló el procurador adjunto. Siguió puntualizando en que “por eso es necesario el tratamiento de una Ley de cupo que haga respetar la cantidad de personas detenidas en cada uno de los penales”. También destacó las sentencias condenatorias por torturas que “litigó la Procuración, en particular la de los damnificados Lucas Mendoza y Claudio Núñez que vienen desde el año 2007”.

“Durante 2021, segundo año de pandemia, continuamos con el monitoreo de la evolución del Covid-19 en las cárceles federales, otros lugares de detención y de las medidas implementadas para evitar su reproducción” reconstruyó Cejas Meliare. “Este año tuvimos más experiencia para realizar el seguimiento de las condiciones de encierro en el marco de las restricciones impuestas por el contexto sanitario”, explicó. Agregó que pudieron avanzar con un “esquema de trabajo híbrido, aumentando nuestra presencia en las cárceles, como así también en las oficinas”.

Las distintas unidades que componen el sistema federal han sido monitoreadas por los equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y el resto de áreas de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Lo hicieron mediante visitas periódicas, comunicaciones telefónicas, pedidos de información e intervenciones judiciales. “La atención estuvo en el control de las condiciones de detención, la sobrepoblación y el cupo carcelario correspondiente. La prevención de las prácticas de maltrato y tortura, el monitoreo de las muertes en el encierro bajo la custodia del Estado”, denunció el procurador adjunto.  

Los primeros casos positivos de Covid-19 en el SPF y los centros de detención no penitenciarios que monitorea la PPN se reportaron en abril de 2020. A fines de diciembre de 2021 se habían informado 807 casos confirmados en el SPF, 189 en alcaidías de la Policía de la Ciudad y 13 en institutos de menores de CABA. En relación al plan de vacunación al interior de las unidades penitenciarias, la aplicación de las primeras dosis comenzó a mediados de 2021 y en diciembre ya se habían empezado a inocular terceras dosis de refuerzo.

Sobrepoblación en cárceles y comisarías

A comienzos de la pandemia por Covid-19, en marzo de 2020, el SPF suspendió la admisión de ingresos de detenidos a las unidades carcelarias como medida principal para frenar los niveles de sobrepoblación. En este contexto, se optó por alojar a personas detenidas por la justicia federal, nacional y de CABA en las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. ”Lo hicieron a pesar de que son espacios que no están habilitados para el alojamiento de personas por más de 72 horas”, se quejó el funcionario.

Las alcaidías y las comisarías vecinales de la Policía de Ciudad son lugares de tránsito y no de alojamiento permanente. “Las personas detenidas están en pésimas condiciones de habitabilidad, hacinadas, en celdas pequeñas sin luz natural o ventilación, con cucarachas y moscas”, denunció Cejas Meliare. “Con colchones y mantas deteriorados; sin acceso regular a duchas y baños; sin una debida asistencia de la salud; escasas posibilidades de acceder a visitas; deficiencias en la alimentación entre otras múltiples vulneraciones”, agregó.

Según el informe el alojamiento de detenidos en comisarías se fue agravando en el transcurso del año 2020 y 2021, de este modo, se llegó a fin del período en una situación de total colapso de las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad -con 638 personas alojadas- y hubo episodios de violencia en esos espacios.

Tras una denuncia presentada por la PPN, a fines de agosto de 2020, la Justicia Nacional dispuso el traslado a establecimientos del SPF de todas las personas con coronavirus positivo en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad. En enero de 2022 la PPN verificó nuevamente la existencia de 30 personas con el virus positivo alojadas en centros de detención de la Policía de la CABA. Todo esto motivó a una nueva presentación ante la Justicia, que dispuso el traslado inmediato de estas personas a la Unidad N° 21 del SPF.

Por otra parte, en paralelo el SPF se encontraba en una situación de sobrepoblación, con el103% de su capacidad ocupada, a pesar del descenso de población producido. La Policía de la CABA en la actualidad dispone de 17 alcaidías comunales y 33 comisarías vecinales. Estas últimas habían sido deshabilitadas en el año 2013, sin embargo volvieron a ser usadas al inicio de la pandemia.

“Hicimos un análisis de las condiciones materiales de detención, el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales focalizando salud, trabajo y educación”, contó Cejas Meliare.  El funcionario cerró contando que también focalizaron en las distintas formas “que impacta el encierro en el colectivo de mujeres y población LGBT+, de niño, niñas, adolescentes y personas extranjeras que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad”.

Link al informe completo de la Procuración Penitenciaria de la Nación