Es la estimación que realiza una ONG a partir de que el 85% de los contratos en la Ciudad se pagan sin recibo formal.
Anualmente se firman casi 250 mil contratos de alquiler en territorio porteño y el 85% se paga en negro. A pesar de que la Ciudad aprobó una ley para que las comisiones las paguen los dueños, la situación de los inquilinos empeora año tras año.
Con 21600 permisos aprobados, 2011 fue el año más prolífico de los últimos diez en cantidad de autorizaciones para construir nuevas viviendas en la Ciudad. Al año siguiente la cifra bajó a 15400, mientras que en 2013, 2014 y 2015 ese número continuó reduciéndose.
Volvió a subir en 2016 y tuvo otro pico en 2017, con casi 13 mil permisos y luego volvió a caer. A pesar de los ciclos, lo único que se mantuvo constante son las dificultades de los inquilinos para conseguir un techo.
“La situación de las urgencias como desalojos y alquileres en villas puede frenarse con una suspensión de los desalojos, pero la manera de resolverlo es intervenir en el mercado. Y tener una política de viviendas al igual que existen políticas de Educación o Salud. Basta de discutirlas como mercado”, reclamó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
En la asociación atienden en forma presencial 200 consultas por mes y 500 por Facebook. En general reciben casos donde no se respeta la letra de la normativa vigente desde 2017. “El control de las leyes relacionadas con vivienda es responsabilidad de Cucicba y el gobierno de la Ciudad”, explica Muñoz.
Cucicba es el colegio de corredores inmobiliarios, que realizó un fuerte lobby para frenar la implementación de la ley nacional de alquileres, que todavía deambula por el Congreso.
Tiempo publicó el año pasado que en la Argentina faltaban 3,5 millones de viviendas. Según la encuesta anual de hogares de la Ciudad de octubre de 2019, hay casi 365 mil hogares con necesidades habitacionales, un número llamativo para el distrito más rico del país.
El 60% de los trabajadores de la Ciudad tiene ingresos menores a 25 mil pesos por grupo familiar, eso implica que deben trabajar 15 días del mes únicamente para pagar los alquileres. Este modelo de acceso a la vivienda genera desigualdad, explican desde Inquilinos Agrupados.
Se calcula que casi el 10% de los hogares de la Capital están vacantes, aunque la cifra podría ser mayor. En Europa, algunas de las principales ciudades cobran tasas especiales a aquellas viviendas que no están habitadas y la Ciudad podría seguir ese mismo camino.
En la Legislatuara el peronismo prepara un proyecto para que aquellas casas que no estén alquiladas paguen un tributo especial que podría ser igual al 30% de una factura de ABL. El dinero obtenido de ese impuesto podría utilizarse para diversos fines.
Algunos piensan en subsidiar a las familias que destinan más del 30% de sus salarios para pagar alquileres. Sin embargo otras opciones contemplan que el dinero pueda utilizarse para desarrollar desde el Banco Ciudad una garantía estatal para morigerar los gastos de los inquilinos y también para que se construyan más viviendas destinadas a alquiler.
Hasta ahora el oficialismo no mostró demasiado interés en abordar una normativa similar, aunque la temática de los alquileres fue una de las más comentadas en la pasada campaña electoral. «
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