En la primera reunión conjunta para analizar el paquete de leyes enviado por María Eugenia Vidal, intendentes y legisladores peronistas cuestionaron hoy el presupuesto 2018, la ley impositiva y el «pacto fiscal» por entender que endeuda «fuertemente» a la Provincia, recorta fondos y avanza sobre la autonomía de los municipios. «Es inviable, así no se puede votar» , advirtieron y llamaron al diálogo al oficialismo.

La ley de leyes enviada por Vidal prevé gastos totales por 630 mil millones de pesos e incluye un pedido de endeudamiento de más de 85 mil millones de pesos si se suman las Letras del Tesoro, la deuda con la Nación y los créditos en dólares con organismos internacionales para “continuar con el plan de obra pública”. Para aprobarlo se necesitan los dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin el peronismo. Los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y el de Infraestructura, Roberto Gigante, explicaron ayer y hoy ante diputados y senadores los ejes centrales de la propuesta. El objetivo de Cambiemos es que se apruebe en un trámite express y antes del recambio legislativo.

Durante el encuentro de hoy, los legisladores de los distintos sectores en que está dividido el FpV en ambas cámaras de la legislatura analizaron con intendentes y asesores la letra chica de los proyectos y le pusieron freno a la posibilidad de un tratamiento rápido como pretende el Ejecutivo. El primer punto que cuestionaron es la toma de deuda. «Nos preocupa que Vidal lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelve a pedir más endeudamiento», señaló la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, a la salida de la reunión y agregó: “Es un presupuesto que no sostiene lo elemental, es pura deuda y no tenemos idea de en qué lo va a invertir. Por eso creemos que este presupuesto de esta manera no se puede votar”.

La titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) también criticó la suba del 56% del impuesto Inmobiliario incluida en la ley impositiva y consideró que tendrá un alto impacto en la economía de las familias de la provincia. «Es una barbaridad lo que va a subir el inmobiliario, que va a impactar en cada familia y hogar. Si a esto le sumamos la suba del gas, la luz, la nafta, un dólar que sabemos que se va a mover, estamos diciendo que la eocnomía de las familias cada vez van a estar más ajustadas». 

El proyecto de «Régimen de Responsabilidad Fiscal de los municipios» también generó críticas porque los intendentes entienden que vulnera la autonomía de las comunas al «premiar» con asistencia financiera y permiso para endeudarse sólo a aquellos intendentes que firmen el «pacto fiscal» con la Provincia. 

El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, llamó a la reflexión a sus pares de Cambiemos. «Apuntamos a la reflexión muchos intendentes que han sido convalidados por las elecciones en toda la provincia, ya que si avanza esta ley de responsabilidad fiscal los municipios vamos a tener una autonomía muy cuestionada», apuntó y advirtió que «si el presupuesto 2018 pasa como está escrito, vamos a tener severos problemas para poder cumplir con las necesidades de nuestra gente».

Otro punto que genera fuertes controversias es una cláusula contenida en el artículo 45 del presupuesto y que obliga a los municipios a usar el 85% de los recursos nacionales del Fondo Educativo en obras de infraestructura escolares. Eso les quitaría recursos para otros destinos, como la entrega de becas, el mantenimiento de centros universitarios o de jardines municipales. Los recursos afectados a este ítem serían 5800 millones de pesos. A este condicionamiento se suma el recorte concreto en fondos para obras públicas ya que el presupuesto no prevé la reedición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que este año fue de 8500 millones y se agrega también la baja de recursos coparticipados por la baja en el impuesto de Ingresos Brutos que prevé la ley impositiva.

«Tomamos nota del resultado electoral, sabemos quiénes han ganado pero nos parece que lo que está en discusión es una masa importante de recursos para las políticas públicas de seguridad, de salud, de educación. Estamos hablando de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos en los cuales se verían afectados directamente los municipios y que hacen – por ejemplo – a la sustentabilidad del servicio de seguridad, donde los municipios hacen su aporte en combustible», indicó el diputado nacional del FpV, Gustavo Arrieta.

Por último, Magario señaló que, con los legisladores de todos los bloques peronistas, van a impulsar «un replanteo general de todo el presupuesto» y volvió a cuestionar a Cambiemos por el reparto discrecional de las obras públicas en los distritos. «Ya el año pasado se hizo una inversión en obras indiscriminadamente, muchos intendentes no recibimos absolutamente nada de obras. La obra para ellos me parece que no es una prioridad sino que es prioridad donde ellos quieren. De esta manera me parece que lo más importante es velar por el salario, la seguridad, la salud, los jubilados, los niños y la seguridad», dijo.