Las cámaras de televisión no llegaron a tomarlo en primer plano. En las filas traseras del lugar destinado a los ministros y secretarios de Estado del gabinete, Gustavo Béliz mantuvo un discreto perfil aún cuando uno de los anuncios más contundentes de Alberto Fernández, el que hizo poner de pie a todo el recinto, guarda un lazo directo con su historia política y el rol que le tocará desempeñar.  La reforma de la justicia, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el “nunca más a una justicia contaminada por servicios,  por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos” tienen la impronta de  “zapatitos blancos”, el mote con el que la política lo castigó cuando renunció al gabinete menemista denunciando haber sido testigo del “lodazal” en que se había convertido la gestión del riojano.

Al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el ex secretario de la función pública tendrá la oportunidad de avanzar en un proceso que debió interrumpir cuando en julio de 2004 denunció el rol que cumplía el jefe de los espías, Jaime Stiuso, en el Poder Judicial y fue obligado a renunciar como ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Béliz planeaba efectuar una completa reforma judicial que buscaba debilitar el poder que había adquirido Comodoro Py, a través de la ampliación de la cantidad de jueces federales. Una forma de descentralizar la influencia de los servicios de inteligencia en los tribunales.

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Aquella opción –que terminó con Béliz retirado por un tiempo de la política y viviendo en Estados Unidos-  le permitió al santacruceño surfear su vínculo con el Poder Judicial en los primeros años de gestión kirchnerista, pero a la vuelta de la historia se convirtió en una espada de Damocles para su esposa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus propios hijos. Aunque CFK intentó atenuar el poder y la influencia de jueces federales, y servicios tras el caso Nisman, ya era tarde.

Con el diario del día después un ex ministro del gabinete de Cristina Kirchner lo ejemplificó así: “Para lograr una reforma profunda del rol que jugaron los medios, los jueces, fiscales y los servicios en la política tendríamos que haber hecho al revés de lo que hicimos: empezar por desarmar la SIDE, después dar vuelta Comodoro Py y recién por último ir con la Ley de Medios”.

Alberto Fernández fue más allá en el anuncio que formuló este 10 de diciembre: dijo que enviará el proyecto de reforma judicial muy pronto al Congreso y anticipó que intervendrá la AFI, a la que además, despojará de fondos reservados. A última hora del martes, todavía no se conocía el nombre del interventor o interventora. Tampoco los detalles de la reforma, aunque desde hace algunas semanas se menciona la vieja idea de Béliz de fusionar el fuero criminal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires con Comodoro PY. De ese modo,  todos esos jueces penales –se estima que sumarían unos 63- estarán en condiciones de intervenir en los distintos delitos federales. Una virtual licuación del poder que hoy concentran los tribunales de Retiro, donde se investigan los delitos vinculados con la administración pública.

El otro punto es la implementación del sistema acusatorio que pone en manos de los fiscales la investigación y producción de pruebas, y le destina a los jueces el control de garantías constitucionales y el poder de decisión.

Todo indica que la reforma modificará también la supervisión de las escuchas judiciales.