El juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria nuevamente al empresario Lázaro Báez, a sus hijos Luciana y Martín y a un grupo de presuntos titulares de empresas sospechadas de haber sido utilizadas para blanquear dinero ilegal, entre ellos el financista Guillermo Greppi. Se trata de una presunta maniobra mediante la cual se introdujeron al circuito legal unos 125 millones de pesos entre febrero y abril de 2016, antes de que fuera detenido Lázaro Báez, y cuando su grupo empresario, Austral Construcciones, ya había caído en desgracia y afrontaba serios problemas económico-financieros.

Según se desprende de la investigación, en aquel período se registraron dos operaciones por 9.082.147 y 114.614.183 de pesos, cuyo origen era la facturación de un grupo de empresas por trabajos realizados para el Grupo Báez, cuya efectiva realización aparece difusa y difícil de comprobar.

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Las transferencias originales fueron ordenadas por las firmas “Recaudaciones Computarizadas S.A.”, “Proydesa S.A.”, “Karnix S.A.”, “Dereli S.A.”, “Kargen S.A.”, “Siembra y Comercialización de Granos S.R.L.”, “Catahu S.A.” y “Xhoris S.A.”, sociedades de bolsa, cooperativas, consignatarias de haciendo y cereales, es decir rubros que –según se desprende de la documentación a la que accedió Tiempo- “se presta para el desarrollo de actividades financieras marginales”.

Entre esos servicios y prestaciones de dudosa comprobación figuran “alquiler de equipos viales (que) no resultan razonables a empresas de actividad agropecuaria y fueron confeccionados con fecha posterior a los ingresos”.

“Aquí se sospecha que parte de esa masa de dinero negro también pudo haber sido puesta en circulación en el mercado local con la intervención de otras personas físicas y jurídicas que las mencionadas en ese expediente; fondos que habrían terminado depositados en las cuentas de la firma M&P, la que también integra el grupo Báez”. La composición accionaria de M&P se reparte entre su presidente, César Gerardo Andrés (20 por ciento), Martín Báez (50 por ciento) y Luciana Báez (20 por ciento).

Las indagatorias comenzarán con Martín Báez el 13 de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre. Lázaro Báez declarará el 20 de noviembre; Greppi, socio accionista de Catahu S.A. y de Recasur S.A., lo hará el 28 de noviembre de ese mes. Greppi está sospechado de ser uno de los “cueveros” a quienes recurría Báez para blanquear dinero de origen ilegal.

A todos los que se suman a la investigación y serán indagados por primera vez el juez Casanello les decretó la inhibición general de bienes y “a los fines de neutralizar los riesgos procesales” les prohibió la salida del país y les fijó la obligación de establecer domicilio “en el radio del tribunal, de comparecer en forma quincenal por ante el mismo y de no ausentarse de su jurisdicción por más de 24 horas sin dar aviso de ello”.