Una docena de funcionarios del gobierno porteño que acompañaron a Mauricio Macri durante su gestión en la ciudad fueron procesados por el delito de incendio culposo seguido de muerte por la muerte de diez bomberos en febrero de 2014, durante el siniestro que causó el derrumbe del galpón de la multinacional Iron Mountain en el barrio de Barracas.
El juez de instrucción Pablo Ormaechea dictó, entre otros, el procesamiento de Vanesa Ileana Berkowski, ex directora general de Fiscalización y Control, quien ya está procesada por otra tragedia que también causó muertes: el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo, en setiembre de 2010.
En un fallo de 494 páginas, el juez describió cómo se produjeron los hechos (un peritaje indicó que el foco ígneo fue intencional), explicó las omisiones de control en que incurrieron los funcionarios, la negligencia de los empresarios y la concatenación de sucesos que derivó en el derrumbe parcial del galpón. Ello causó la muerte de los bomberos Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica (la primera mujer bombero de la Policía Federal) y Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal; Leonardo Arturo Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos; Julián Sebastián Campos, Bomberos Voluntarios Metropolitanos de Vuelta de Rocha; José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico, y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. A ellos se sumó, después de una agonía de 12 días, Facundo Ambrosi, bombero voluntario de Vuelta de Rocha.
Todas las indagatorias habían sido pedidas hace más de un año por la fiscal Romina Monteleone e impulsadas en soledad por las querellas, representadas por los abogados Javier Moral y Miguel Angel Arce Aggeo. Los padres de los bomberos fallecidos arrastran aún hoy el dolor por la pérdida y el peso de haber batallado en soledad contra un sistema que parecía decidido a negarles el derecho a la justicia.
El procesamiento incluyó al responsable de la empresa de seguridad de Iron Mountain, Oscar Alfredo Godoy; a los directivos de la empresa Eduardo Alfredo Sueyras, el gerente general Guillermo Lockhart y Héctor Eduardo García; Christian Castiñeiras, director técnico de la empresa que debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito (rociadores, alarmas, extintores). También a los inspectores porteños Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani.
Entre los funcionarios de alto rango del gobierno porteño figuran Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa; Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control.
La figura que les aplicó el juez es similar a la que terminó consolidándose en la tragedia de Cromañón. Las partes ya anunciaron que apelarán varios sobreseimientos y también la calificación legal, pues sostienen que el incendio fue causado con el fin de encubrir u ocultar delitos, probablemente lavado de activos, que estaban documentados con los papeles que se quemaron en el galpón de Barracas.
