En el libro «Empresa global y ganancias privadas: cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados», Javier Ortega, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), y David Shapiro, –profesor de la Universidad de Nueva York y exfiscal en EE UU– ejemplifican con el caso Vicentin-Glencore mecanismos societarios y financieros fraudulentos de empresas transnacionales. Ortega fue asesor legal en «la primera parte de la intervención» a la cerealera, por lo que conoció de primera mano las dinámicas de la empresa.

–¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

–En 2019 contacté a David que es profesor de la Universidad de Nueva York. Ustedes saben, tenemos prolongada la jurisdicción en litigios como los de YPF, Aerolíneas, como los bonos de la deuda soberana argentina, en los tribunales del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York. La verdad es que no sabemos bien qué es lo que pasa jurídicamente allá, porque siempre contratamos estudios jurídicos estadounidenses. Entonces la idea con Shapiro era tratar de investigar si los procesos de allá eran regulares desde el punto de vista legal o había alguna cosa que nosotros teníamos que profundizar, porque a través de esos procesos obtenían ganancias millonarias aquellos que litigaban contra Argentina. Y sucedió que estábamos en esto, cuando a mí me convocan, en la primera parte de la intervención, como asesor legal en la cuestión Vicentin. Vengo a trabajar a Reconquista,  y empiezo a ver que en los distintos expedientes me vuelve a aparecer la sede de Nueva York y el Distrito Sur. Le propuse a David escribir sobre Vicentin, porque tenía mucho material. David me dice sí, pero antes que empecemos el trabajo me da una tarea: estudiar quién es Glencore. Y ahí entendí no digo todo, pero sí gran parte del problema central que les estoy contando.

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–¿Hace cuánto lo vienen trabajando?

–El trabajo de acopio de datos y escritura de los borradores fue durante 2020 y 2021 y empezamos a hilvanar el material a principios de este año, obviamente cooperando de manera virtual. No es un libro específicamente sobre el caso Vicentin. Es un libro que habla sobre fraude financiero y societario y lo ejemplificamos con la cuestión Vicentin. Y tampoco es sobre toda la cuestión Vicentin, sino sobre la relación de la empresa con Glencore. Porque cuando David me dice fíjate quien es Glencore, me doy cuenta que es una transnacional suizo británica, que irrumpe en el mercado internacional en los años ochenta y cuyo fundador (Marc Rich) estuvo 20 años prófugo de la justicia de los Estados Unidos por fraude fiscal financiero y lavado de activos. Se refugió en Suiza durante un tiempo y después lo indultó el presidente Bill Clinton el último día de su presidencia y le perdonó todos los cargos que tenía. A partir de ahí no hay escándalo financiero, societario, de explotación laboral y ambiental que no esté vinculado a Glencore, está en los Panamá Papers, y el último escándalo financiero judicial que tiene fue en marzo de este año donde se confiesa culpable de mantener una red de fraude y de sobornos a funcionarios públicos tanto en Sudamérica como en Europa, y paga una multa de 1.200 millones de dólares para que lo dejen tranquilo seguir con su camino. ¿Cómo se relaciona con Vicentin? Hoy por hoy, todo está encaminado para que Glencore se quede con los activos rentables de Vicentin sin poner un centavo.

–¿Cuáles son los movimientos que más le llamaron la atención en relación a Vicentin?

–Hay una cuestión que no se charla, no se conversa, no se explica: Vicentin es propietario de la mitad de Renova, que es la mayor planta extrusora de soja del mundo, a la vera del Rio Paraná, en Timbúes, Santa Fe. Vicentin es dueño de la mitad de Renova junto con el otro socio, Glencore. Pero Glencore no se presenta en sociedad con su nombre, sino con sociedades que a su vez Glencore domina. En este caso, Viterra. El 4 de diciembre de 2019 Vicentin se declara en default ante la opinión pública. Dos días antes le vende el 16,67 % de las acciones de Renova a una empresa de los Países Bajos que se llama Renaico. Cuando vas a investigar quién es Renaico, no la encontrás, no sabés a qué se dedica, pero si seguís la investigación te das cuenta que Renaico tiene un dueño: Glencore. Con lo cual Glencore, a través de Renaico, y a través de Viterra ya era dueña de las dos terceras partes de Renova. Y la tercera parte de Renova que le queda a Vicentin, ¿qué es lo que hace Vicentin? En los primeros días de enero de 2020, antes de presentarse formalmente en concurso preventivo, se los da en uso a Viterra, o sea a Glencore, con lo cual vos tenés que al día de la fecha Glencore ya te controla el 100% de Renova. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en el mercado de las exportaciones agropecuarias de Argentina? Hoy por hoy, el primer exportador de aceite vegetal de la Argentina se llama Glencore. Renova tiene instalaciones fabriles con tecnología de punta donde, por un lado, descargas el poroto de soja por un lado del edificio. Y por otro lado tenés un brazo, tubo donde sale y ya cae esa soja hecha harina o aceite, directamente en el barco. Porque, como está en la vera del Paraná, el barco atraca, se lleva la harina y sale por el río Paraná. Es súper eficiente y tiene una capacidad de molienda que no tiene ninguna empresa, ni en Europa ni en Estados Unidos… Con eso se está quedando Glencore sin poner un centavo.

–¿Cuál es la idea principal que quieren remarcar?

–Queremos explicar cómo es posible que en el contexto actual, a través de manejos financieros y societarios formales y ficticios, generen un excedente sin producir un solo poroto de soja, sin producir una cabeza de tornillo. A través de estos manejos judiciales y financieros ilegales obtenés ganancias extraordinarias sin producir absolutamente nada. En segundo lugar, todo este tipo de ganancias extraordinarias en perjuicio de los contribuyentes, de la ciudadanía y de los trabajadores no sería posible sin la cooptación de las mismas herramientas legales e instituciones públicas. Entonces, si no tuvieras un juzgado civil y comercial que protege a una empresa que actuó fraudulentamente diciendo que el fraude todavía no está probado, que tienen que ir a investigar, el desposeimiento no sería posible. «