El abogado de la Unidad Fiscal AMIA impuesto por el ministro Garavano, es secretario letrado de la consejera Silvia Bianco, del PRO, y esposa de Sebastián De Stéfano, director de asuntos jurídicos de la oficina de Inteligencia.
Pero ¿quién es José Console?. Por empezar, es secretario letrado de la consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Silvia Bianco, legisladora del PRO. Bianco asumió el cargo en agosto de 2017, reemplazando al consejero Enzo Pagani, fallecido y también perteneciente al bloque oficialista en la Legislatura.
Silvia Bianco es, a su vez, la esposa de Sebastián De Stéfano, virtual número tres de la AFI y hombre de extrema confianza de Daniel Angelici. De hecho, fue Angelici quien hizo prevalecer a Bianco sobre la candidata de Horacio Rodríguez Larreta para ese mismo cargo, Marcela Basterra.
Como funcionario de una consejera de la Magistratura, Console debió haber suspendido su matrícula como abogado. Es decir no podía ejercer como abogado y, al mismo tiempo, ser empleado jerárquico del Consejo, por una cuestión de incompatibilidades que siempre es eje de discusiones doctrinarias.
Habitualmente, el sistema espera que cuando un abogado es designado en un cargo de esa naturaleza voluntariamente suspenda su matrícula hasta que cesa. Console no lo hizo; para que la suspensión sea efectiva alguien debe plantearlo, primero administrativamente y después eventualmente por vía judicial.
Dicho de otro modo: Console no debería tener su matrícula habilitada, pero la tiene. Un eventual reclamo en ese sentido debería recorrer el espinel administrativo y, tal vez también, el judicial, para que le quiten provisoriamente la matrícula.
La otra cuestión pendiente es el cobro de salarios. No está claro, ni surge de la documentación del Consejo, si Console está o no cobrando sueldo. Es decir, si ejerce el cargo pero suspendió el cobro.
En el caso de que percibiera su sueldo como secretario de Bianco y, al mismo tiempo, cobrara honorarios profesionales como abogado particular, entonces se debería abrir un nuevo proceso esta vez penal porque la violación de esas incompatibilidades podría incluso ser un delito.
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