Cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) supo que su denuncia por las presuntas actividades irregularidades del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), -la asociación civil que preside la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich– había recaído en el juzgado de Sebastián Ramos con intervención del fiscal Carlos Stornelli, lo primero que hizo fue recusar a ambos por “temor de parcialidad”.
Ello ocurrió el 10 de mayo pasado, según los registros judiciales. Sobre el juez, el escrito decía: «Es públicamente conocido que usted ha aparecido en chats y que ha sido citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por habérsele relacionado, de modo muy singular, con un notorio integrante del PRO y (ex) integrante del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta cuya investigación por los delitos denunciados aquí se propicia».
Sobre Stornelli, “fue en su día -desde 2007- integrante de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando su presidente era Mauricio Macri, relevante integrante a su vez de Compromiso para el Cambio (desde 2005) y del PRO (desde 2008), del que forman parte las personas que aquí se investigan».
Pedido de información sensible
Dos días después, la IGJ recibió un oficio por parte de la fiscalía en el que le reclamaba documentación para la investigación sobre IEES, de acuerdo con el contenido de la denuncia.
El 15 de mayo, a las 13.18, mediante un escrito firmado por Ricardo Nissen, la IGJ le respondió a la fiscalía: “habiendo recibido este organismo un oficio remitido desde vuestra fiscalía el día 12 de mayo de 2023 relacionado a la instrucción de la presente causa en trámite, hago saber al Sr. Fiscal que este organismo ha planteado la recusación y/o pedido de inhibición del titular de esta fiscalía actuante y, de igual modo, respecto del juez interviniente en estos autos”.
La IGJ consideró que la resolución de las recusaciones era una instancia previa a entregar la documentación requerida. Podía ocurrir que les estuviera suministrando información necesaria para la investigación a un juez y un fiscal que, finalmente y a instancias del propio organismo, no pudieran seguir interviniendo en la causa, justamente por las razones invocadas en las recusaciones. Dicho de otra manera, les podía estar suministrando información relevante a un juez y un fiscal cuya imparcialidad estaba cuestionada.
“En consecuencia, el precitado oficio será debidamente respondido una vez que exista resolución firme sobre el apartamiento o eventual prosecución de intervención en la causa penal respecto del Sr. Fiscal y del Sr. juez respectivamente», respondió la IGJ sobre el filo del cierre del horario de atención al público en Tribunales aquel 15 de mayo.
Ramos respondió con un allanamiento
Aquellas recusaciones fueron tácitamente rechazadas. La IGJ lo apeló de inmediato, argumentando además que no había existido un pronunciamiento explícito sobre las razones invocadas en el escrito en el que pidió el apartamiento del juez y del fiscal.
Al día siguiente, efectivos de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, acompañados por el auxiliar fiscal Ariel Quety y la secretaria de la fiscalía Florencia Desiderio, se presentaron en la IGJ con una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”.
El papel, firmado por el juez Ramos, le ordenaba a la Inspección que “en el día de la fecha haga inmediata entrega de la actuación sumarial 1.765.534, trámite 9.496.608, junto con anexos y documentación pertinente, así como también de todo otro expediente administrativo o actuación interna física o informática relacionada con los hechos denunciados”.
El tono y los términos del escrito parecían indicar que se trataba de las primeras medidas destinadas a investigar la investigación que la IGJ había realizado y denunciado sobre la asociación civil encabezada por Patricia Bullrich.
La denuncia describía un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a IEES obtener unos 90 millones de pesos en 2022, parte de los cuales fueron destinados a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva, como por ejemplo el diputado Gerardo Milman (quien cobró 2.766.170 pesos); el ex secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich, Alberto Fernando Föhrig, (quien percibió 1.590.000) y el economista Martín Siracusa (quien obtuvo 1.400.000).
«Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva», es decir que se pagan a sí mismos, explica el informe, del que dio cuenta Tiempo en su momento.
El escrito que blandían los funcionarios policiales y de la fiscalía imponía que la IGJ “también deberá entregar los papeles de trabajo de los que se hubiera nutrido la investigación interna realizada e informar los funcionarios del organismo que intervinieron en la misma”. Además, “tendrá que aportar el organigrama de esa Inspección, junto con copias certificadas de la Resolución General 7/2015 y Resolución Particular 243/2023” y “hacer entrega de copias certificadas de las actuaciones vinculadas a la acción civil a la que se hizo referencia en la denuncia ‘Inspección General de Justicia c/ Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/ medidas precautorias’, debiendo informar el Juzgado Civil donde quedaron radicadas”.
El texto imprecaba: «En caso de negativa o falta de colaboración para el cumplimiento de la diligencia, el personal designado se encuentra facultado a proceder al allanamiento del organismo con el objeto de secuestrar la documentación precedentemente detallada».
La IGJ entregó toda la documentación en un pendrive. Y recordó que en el escrito de recusación al juez y al fiscal que dispusieron medidas para investigar la investigación había destacado que “hace a la transparencia de las Instituciones Republicanas que los delitos sean investigados y juzgados por personas no relacionadas con los imputados; imparciales».
