Referentes de colectivos de derechos humanos se reunieron hoy con en el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar el otorgamiento de la libertad condicional para cinco mujeres integrantes de la Túpac Amaru con prisión domiciliaria que ya cumplieron dos tercios de sus condenas.

Además, denunciaron que las cinco referentes -María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori- sufren “condiciones inhumanas” de detención y “falta de atención médica”, aparte de ser víctimas de “violencia ejercida por el servicio penitenciario” de la provincia.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

De la entrevista con Lello Sánchez participaron el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman; Carolina Ameijeiras y Susana Traversi, del Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos; más el gremialista Rubén Ciuro, de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) de la CTA. Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, y Diego Pietrafesa, secretario de DDHH de Sipreba, formaron parte de la comitiva.

Otro de los planteos transmitidos al titular del Ministerio Público de la Acusación fue el reclamo de que “se respeten” las garantías constitucionales de las cinco detenidas, quienes en enero de 2019 fueron condenadas a la pena de entre 6 y 7 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros”.

“En la reunión denunciarnos las malas condiciones de detención de las compañeras de la Túpac Amaru y el cumplimiento de los dos tercios de sus condenas, por lo que insistimos en que se les debe otorgar la libertad condicional”, contó Schulman en declaraciones a Télam al finalizar el encuentro con el funcionario del ministerio público.

Según la comitiva de DDHH, durante la conversación Lello Sánchez les adelantó que “abrirá una investigación de oficio para indagar sobre las condiciones de detención” de las cinco activistas de la Túpac Amaru, como también de Milagro Sala, hoy en prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña.

Schulman afirmó que en la reunión se denunció también “la decisión de la fiscalía de enviar a Milagro Sala a la cárcel, aun teniendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al recordar que el tribunal hemisférico ordenó al Estado argentino que Sala esté en prisión domiciliaria por razones de salud psicofísica.

Sobre ese punto, Schulman señaló que Lello Sánchez “defendió la legitimidad de todo el proceso, inclusive la decisión de mandar a prisión” a la fundadora de la Túpac Amaru.

“Para nosotros es importante hacer visible las condiciones de detención de las afectadas y toda instancia de denuncia es una conquista”, destacó el referente de la Ladh, y adelantó que en los próximos días se reunirán con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación para exponer sobre la situación actual de los “presos políticos” en Jujuy.

Por su parte, Ciuro, de la CTA, advirtió que en Jujuy “el armado de causas y la persecución siguen firmes” aunque al mismo tiempo consideró un logro de la comitiva que se hayan podido “plasmar las condiciones físicas y psíquicas que padecen las compañeras y compañeros detenidos”.

“Queremos que el Poder Judicial jujeño cumpla la ley”, remarcó el referente gremial, en relación al reclamo de que las cinco mujeres de la Túpac Amaru reciban la libertad condicional tras haber cumplido las dos terceras partes de condena.

Ciuro, de todas formas, aseguró que los organismos de DDHH “seguirán impugnando la causa (Pibes Villeros) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Nos parece fundamental estar acá acompañando a Milagro, una mujer perseguida y atacada por el poder político provincial por la construcción y organización popular que llevó adelante. Personalmente, fue un momento sumamente emotivo poder compartir con una compañera de su magnitud y dimensión”, señaló Gaudensi.

La delegación encabezada por Schulman presentó ayer un petitorio ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia jujeño, Federico Otaola, para reclamar el otorgamiento de la libertad condicional de las cinco mujeres de la Túpac Amaru, que sería contestada en los próximos días.