La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires salió a rescate de la empresa Correo Argentino e hizo lugar a un planteo de la firma SOCMA, de la familia del ex presidente Mauricio Macri, para avanzar en el apartamiento de la jueza en lo Comercial Marta Cirulli, a cargo del expediente que lleva ya dos décadas de trámite. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, por mayoría, le ordenó a la Cámara en lo Comercial que resuelva sobre un “recurso de queja” de SOCMA sobre la recusación de Cirulli.

Pero el TSJ no es el superior jerárquico de la Cámara en lo Comercial: la instancia de revisión es la Corte Suprema nacional, y así ocurre en todos los expedientes que tramitan ante ese fuero. No obstante, el TSJ se hizo eco de un planteo de SOCMA amparado en la transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires e invocando un fallo de setiembre de 2020 sostuvo que es el tribunal superior de la Cámara en lo Comercial, le dejó sin efecto un fallo y le ordenó que se pronuncie sobre un planteo de recusación.

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El fallo fue firmado por los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg. Los tres tienen estrechos lazos con el oficialismo de la Capital Federal, a punto tal que los dos primeros fueron propuestos por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la tercera era la candidata del ex presidente Mauricio Macri para la Procuración General de la Nación.

Langhe es sindicada como cercana al ex presidente de Boca Juniors y operador judicial del macrismo Daniel Angelici; Otamendi fue secretario de Justicia de Germán Garavano y Weimberg es amiga personal de Macri, a quien conoce –entre otros ámbitos- por haber compartido gimnasio.

Los tres jueces formaron mayoría para ordenarle a la Cámara en lo Comercial que resuelva un “recurso de queja” de SOCMA sobre la recusación de la jueza que lleva adelante el expediente por la quiebra de Correo Argentino, Marta Cirulli. Los otros dos jueces del tribunal, Luis Lozano y Alicia Ruiz, votaron en disidencia.

SOCMA recusó a la jueza Cirulli por supuestas “razones de arbitrariedad y enemistad manifiesta que estaban perjudicando el normal desarrollo del proceso concursal y que generaban y generan graves perjuicios a los intereses de su parte”. Lo mismo hizo reiteradamente con la fiscal Gabriela Boquín, quien desbarató la maniobra urdida durante la presidencia de Macri para condonar más del 98 por ciento de la deuda de Correo Argentino con el Estado Nacional para poner fin al expediente, que tramita desde 2001 en los tribunales.

El tiempo de tramitación de la causa es insólitamente largo para un expediente en el que se discute una deuda de una empresa con el Estado y una eventual quiebra ante la imposibilidad de afrontarla.