La breve historia del Plan Qunita comenzó en 2015, con la provisión de kits para recién nacidos que buscaba reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos, que es el colecho. Se interrumpió seis meses después, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo discontinuó a partir de denuncias judiciales por supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios. Esas denunciaron fueron finalmente desestimadas por la justicia el mes pasado. Ahora, seis años después, el programa es relanzado en Lomas de Zamora.

Con la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, se anunció durante un acto en el microestadio del Parque Lomas un programa inspirado en Qunita, con el mismo objetivo: reducir la mortalidad infantil y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

Kicillof destacó que los kits se van a hacer en talleres de carpintería y textiles del Servicio Penitenciario Bonaerense, por el Programa Mas Trabajo Menos Reincidencia: “Es imposible pensar en un fin más noble que el que perseguía el Plan Qunita. Y hacer política como hicieron, haciendo daño, impidiendo que miles de familias recibieran el Quinita, con una denuncia que era humo, es inaudito”. Por su parte, Insaurralde apuntó: “Las víctimas fueron los pibes y pibas que se quedaron sin este derecho”.

A su turno, la vicepresidenta Cristina Fernández aseguró que el plan Qunita fue para ella «uno de los programas más caros» a su «corazón» cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que «esta reedición» le gusta «más» que el anterior, de 2015, porque «va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre», para poder acceder a él. «Siempre se puede mejorar», afirmó.

El mes pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal N°8 sobreseyeron por inexistencia de delito a los 18 acusados en la causa Qunita, entre ellos los exfuncionarios kirchneristas Aníbal Fernández, el hoy candidato a diputado y entonces ministro de Salud Daniel Gollan, y el actual ministro bonaerense del área, Nicolás Kreplak, y también a los emprendedores que habían provisto los insumos para el kit. La justicia también ordenó levantar los embargos que les había dictado el fallecido juez federal Claudio Bonadio. El magistrado había ordenado, además, incinerar las cunas.

La resolución llegó luego de un fuerte dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, que echó por tierra la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y concluyó, a través del análisis de dos pericias contables, que el Plan Qunita no generó ningún perjuicio para el Estado, que la licitación no fue direccionada y que el kit cumplía con el objetivo de lograr «un comienzo de vida equitativo».

El Plan Qunita estaba destinado a todas las mujeres embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo (AE) que otorga la ANSES, y proponía el seguimiento de las mamás durante el embarazo y en todas las acciones complementarias al cuidado del embarazo, desde los controles prenatales, el parto y los controles posteriores. La idea era garantizar el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para el cuidado del bebé, y también un seguimiento adecuado durante el período de gestación.

En los seis meses que funcionó, con el fin primordial de reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos, que es el colecho, se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales un 60% llegaron a las familias (unos 43.600 kits) antes de que el gobierno de Mauricio Macri discontinuara el programa.

El kit Qunita incluía un portabebé, la cuna, indumentaria para el bebé y la mamá, elementos de cuidado e higiene (entre ellos, termómetro digital, toalla y toallón, babero y cremas), ropa de cama, juguetes, una guía y un kit de viaje.