La investigación sobre el armado de causas a partir de espionaje ilegal durante el gobierno de Juntos por el Cambio que involucra al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también aterrizó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

La Cámara Federal de La Plata, en un fallo unipersonal de Roberto Lemos Arias, se alineó con el dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal y sumó esa parte de la investigación al mega expediente por las tareas ilegales que realizó la AFI y que pasó de una vertiginosa investigación en Lomas de Zamora a una letanía en los tribunales porteños.

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Conte Grand fue denunciado por Enrique Ferrari, Fiscal General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 22 de junio de 2020. La presentación indicaba que el procurador, junto con el fiscal general adjunto Sebastián Scalera y funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de Lomas de Zamora “habrían iniciado investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios”, con “la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.

Menos de un mes después de la denuncia, el 17 de julio de 2020, Ferrari fue suspendido en el cargo por decisión de la Suprema Corte bonaerense.

Mientras tanto, la investigación continuó en la Justicia federal de Lomas de Zamora. Ferrari ofreció allí el testimonio de Daniel Lamónico, chofer de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, quien “puede dar detalles de la frecuencia con la que el Dr. Scalera y el Dr. Rossi (el titular de la UFI 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo) visitaban agencias federales o iban durante los momentos críticos de las causas de la Salada y Moyano a reunirse con el Dr. Conte Grand en La Plata para recibir instrucciones”.

La denuncia sostenía, concretamente, que los espías que siguieron a Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Fernández de Kirchner, Diego Santilli y Luis Barrionuevo, entre muchos otros dirigentes políticos, sociales, gremiales y hasta religiosos, “actuaron también en connivencia con funcionarios de la justicia local de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de perjudicar a ciertos referentes políticos que en ese entonces conformaban la oposición política”.

El expediente principal por el espionaje ilegal se fue de Lomas a Comodoro Py en abril del año pasado, pero la parte que involucraba a Conte Grand permaneció en la órbita del juez Juan Pablo Augé.

El último día hábil de 2021, la Cámara de La Plata también le quitó ese expediente al juez de Lomas y se lo pasó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, en la Capital Federal.

El fallo entiende “que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en el marco de los autos FLP 14149/2020 (el expediente principal del espionaje ilegal M), por lo cual, a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias, corresponde hacer lugar al planteo de los representantes del Ministerio Público Fiscal y revocar la decisión de primera instancia”. Ello significa, en los hechos, correr al juez de Lomas.

Así, Martínez de Giorgi deberá sumar a la causa que ¿tramita? en su juzgado la averiguación sobre si los espías “actuaron también en connivencia con funcionarios de la justicia local de la provincia de Buenos Aires”.

La Cámara Federal porteña –el superior jerárquico de Martínez de Giorgi- ya se pronunció, parcialmente, al respecto. En un fallo firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, interpretó que todo se trató de una aventura dislocada de un grupo de cuentapropistas de la inteligencia que actuaron sólo en función de sus propios intereses.