El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Francisco Eguiguren adelantó que citarán al Gobierno argentino por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. «Vamos a citar al Gobierno argentino a una reunión en Montevideo por el caso Maldonado», dijo hoy el funcionario del organismo internacional en declaraciones radiales.

«Vamos a citar una reunión de trabajo para hacer un seguimiento de la medida cautelar por Maldonado y dialogar con ambas partes en Montevideo. Para ese entonces, habrá pasado tiempo suficiente y se habrá podido recibir la información necesaria y será la ocasión de escuchar qué se dice sobre el cumplimiento de nuestras medidas cautelares. Esta reunión sería con funcionarios del Gobierno y los peticionarios. Es una sesión privada, donde se pone al tanto la situación y la comisión toma cualquier decisión que se tenga que tomar al respecto», dijo Eguiguren en diálogo con Futurock.

«Lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinaciones de su paradero. Sabemos que hay procesos judiciales, hábeas corpus y opiniones al respecto. Creo que en unas semanas habrá elementos más claros de información. Habrá habido un mayor tiempo para el desarrollo y una realidad más firme»

«Nosotros tenemos que tener una visión más objetiva y estar menos metidos en el debate político interno. Sí estamos preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar. El caso de Santiago Maldonado es una situación grave. Hay que priorizar las investigaciones para determinar el paradero y, por otro lado, ver las responsabilidades que hubo depende el caso», dijo el funcionario.

Milagro Sala

Con respecto la situación de Milagro Sala, sostuvo que hay controversia sobre “si el traslado al domicilio donde está instalada corresponde a un arresto domiciliario o no».

«Efectivamente, la medida cautelar que dimos en el caso de Milagro se transmite al Estado pero, obviamente, siendo que es un asunto que está en manos de autoridades judiciales y provinciales, dio lugar a una decisión de las autoridades judiciales de la provincia”, sostuvo. 

“Acogieron los dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dispusieron que el traslado fuera del centro penal hacia un domicilio determinado. Hay controversia entre las partes sobre si éste reúne las características de un arresto domiciliario, pero entendemos que es una decisión de la justicia. Se puede dar un debate judicial interno», especuló.