La Ciudad de Buenos Aires gastó más del 12% del presupuesto disponible en contrataciones a dedo entre 2012 y 2015. La cifra equivale a más de 2000 millones de dólares pagados durante el segundo mandato de Mauricio Macri al frente del distrito capitalino que no figuran en el Boletín Oficial porteño y cuyo destino se desconoce. Para Fernando Bracaccini, coordinador del Área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en ACIJ (Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia) la modalidad de contratación directa «es una mala práctica que aumenta la discrecionalidad y los riesgos de corrupción».

La transparencia es una de las grandes deudas de la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad. Según un infome al que accedió Tiempo, el gobierno porteño utilizó más de una décima parte del dinero que tenía a disposición en contrataciones directas. 

Se llama «gasto computable» al presupuesto disponible luego de restar los gastos en personal, los activos financieros y los intereses de la deuda pública. Ese dinero totalizó más de $ 123 millones en el segundo mandato de Macri y fue utilizado para gastos en bienes de consumo, bienes de capital y servicios.

Este diario dio cuenta del caso del fallido candidato PRO Fernando Niembro, quien obtuvo más de 23 millones de pesos en contratos directos. Utilizando la misma modalidad, el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, adjudicó dos trabajos por casi dos millones de pesos a una empresa que pertenece a su ministro de Seguridad, Diego Kravetz.

La UTE Parquizar SES SA-Mantelectric ICISA fue otra de las grandes favorecidas por la utilización del decreto 556. El amigo presidencial Nicolás Caputo tiene una importante participación en la empresa que en 2012 recibió más de $ 7 millones, en 2014 más de $ 35 millones y en 2015 más de $ 44 millones. En todas las oportunidades la unión transitoria de empresas evitó las licitaciones y consiguió los contratos en forma discrecional.

Para Bracaccini, «los mecanismos de contratación directa significan que no se publican las convocatorias para presentar oferta y eso implica que se presenten menos empresas y que el control público sea menor. Debería utilizarse solamente en casos urgentes».
Según se desprende del informe 2.15.09, que analizó el sistema de Inscripción Online del Ministerio de Educación –en ese entonces a cargo de Esteban Bullrich– «la totalidad de las contrataciones efectuadas durante el año 2014» fueron mediante el decreto 556. «Esto evidencia la falta de previsión en las contrataciones correspondientes (…) ya que todas son derivaciones lógicas de la implementación de un servicio de inscripción ya utilizado durante el año anterior».

«El abuso en el uso de formas de contratación directa muestra un modus operandi de la gestión macrista: utilizar la excusa de la emergencia para hacer pagos regulares de gestión con menores mecanismos de control», criticó la titular de la Auditoría porteña, Cecilia Segura.

La abogada consideró que además, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta «ha agravado la situación» con el decreto 433 del 2016 que profundiza «los déficit del decreto 556 al ampliar los montos de manejo discrecional de los funcionarios en un promedio superior al 400% que, en el caso de los cargos de menor jerarquía, alcanza el 700%». Después de la modificación, un ministro puede gastar hasta $ 15 millones por mes con controles mínimos del Estado.

En 2012 el macrismo gastó casi 2000 millones de pesos en contratos sin licitación, lo que equivalió al 11,6% del presupuesto disponible. En 2013 ese porcentaje bajó al 10,8%, pero 2014 representó el mayor porcentaje utilizado hasta ahora. El gobierno PRO gastó el 13,5% del dinero disponible en contratos directos, más de 4,7 mil millones de pesos. En 2015, año electoral, la cifra llegó a los 5,3 mil millones de pesos. «

Justificación oficial

«La metodología de Contratación Directa se utiliza cuando, justificación de por medio, el bien/servicio a contratar se puede encuadrar en alguno de los supuestos que determina la Ley N° 2095 en su Artículo N° 28 para este tipo de Proceso», explicaron fuentes del gobierno porteño consultadas por este diario. 

Los voceros agregaron que el decreto 433/16 (ex 556/10) resulta viable cuando se trate de una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente».