La filtración del video realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ventilando sus deseos de armar una “Gestapo” que persiga sindicalistas, pateó un nuevo hormiguero dentro del PRO. Cuando la exgobernadora María Eugenia Vidal se enteró, lo que más le molestó fue “haber tenido una sala de reuniones del Banco Provincia pinchada por audio y video, presuntamente por la AFI”. Sin embargo, el sincericidio de su exministro podría ponerla en aprietos ante la Justicia y disparar un desfile de espías y exfuncionarios bonaerenses por tribunales y también por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso. No solo por la reunión que fue espiada el 15 de junio de 2017, sino por las vinculaciones de este caso con el Proyecto AMBA, que implicó la instalación desde fines de 2016 de seis bases de inteligencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires para perseguir sistemáticamente a organizaciones políticas, gremiales y sociales.

La sorpresa y el malestar que le adjudican a la actual diputada no es nuevo. Se repite desde que se ventiló la existencia de una red de espías dentro de la AFI que la espió a ella, a su entonces ministro de Seguridad y jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y a su entonces vicejefe, Diego Santilli, entre otros. Apenas se conocieron los detalles de las tareas de espionaje ilegal que hizo la banda “Super Mario Bros”, cerca de Vidal la mostraron como una víctima que nunca estuvo al tanto de que era espiada por su propio gobierno. Pero en la reunión secreta de junio de 2017 Villegas fue víctima de su verborragia. Habló con lujo de detalles delante de empresarios, funcionarios y también de tres jefes de la AFI. «Nosotros hemos tomado una decisión como gobierno y, cuando digo gobierno, digo gobierno nacional, provincial y municipal, si no, no estaríamos hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia y un senador nacional si no tuviéramos asegurada la cuestión judicial», les confió Villegas a los invitados.

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Dicen que Vidal también considera que su exministro dijo una barbaridad cuando habló de crear una policía política que persiga a sindicatos. Pero evitará el tema. Posiblemente reitere que no sabía nada y recordará que fue víctima de esa misma estructura. El problema es que Villegas dijo que tanto la Casa Rosada, entonces en manos de Mauricio Macri, como el gobierno provincial, conducido en ese momento por Vidal, habían tomado la decisión de utilizar ese mecanismo de espionaje. En ese momento, de acuerdo a investigación que llevó adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el proyecto AMBA ya llevaba al menos ocho meses de funcionamiento.

Las bases

Tal como contó este medio en abril de este año, las bases fueron instaladas desde “mediados de 2016” en “las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, a las que se sumaron también las históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, durante 2017, que pasaron a depender concretamente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires», según reveló el dictamen de mayoría que la Bicameral publicó a principios de este año a partir del acceso que tuvo al expediente judicial 8580/2020. Sostiene que el armado fue dispuesto por el director de la AFI, Gustavo Arribas, y se puede comprobar en “el propio contenido de los informes de inteligencia elaborados por estas delegaciones”. La coordinación de esas estaciones corrió por cuenta del entonces director de Reunión Provincia de Buenos Aires, Pablo Pinamonti, que quedó imputado por violar la Ley de Inteligencia junto a Arribas y otros diez espías. La estructura “contó con aproximadamente 70 personas, que fueron reclutadas para participar formalmente en las bases, incorporándose luego 20 agentes más, que pertenecían a las delegaciones de las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata”, repasa el dictamen de 377 páginas. A diferencia del grupo Mario Bros, en este caso “el personal de estas bases se conformó mayoritariamente con agentes efectivos, retirados y exonerados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y exagentes de la AFI”.

Los encargados de las estaciones fueron “Pedro Oscar García (Quilmes), Alicia Susana Nocquet (Haedo–Morón), Andrés Máximo Maisano (Pilar), Gustavo Emilio Carreiras (La Matanza) y José Luis Fiorentino (San Martín). Las bases históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca estuvieron en manos de Roberto Hugo Bianchi, Nicolás Iuspa Benítez y Jorge Sebastián Novais”. Cada uno le mandaba información a Pinamonti y, según declaró en el juzgado, “efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de Silvia Majdalani”.

La gestión de la “turca” contaba con tres piezas clave: su yerno y jefe de Gabinete, Darío Biorci; el entonces director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, que ocupó el cargo del incombustible Antonio Horacio Stiusso; y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián de Stéfano. Son los tres jefes que participaron de la reunión liderada por Villegas en el Bapro y resulta muy difícil suponer que no estaban al tanto de la información provista por el “Proyecto AMBA”. La premisa también se extiende como una mancha de aceite sobre Vidal y especialmente sobre dos funcionarios que la acompañaron en su gestión: el procurador general, Gerardo Conte Grand y Ritondo, que integra la Bicameral de inteligencia y ocupó el Ministerio de Seguridad bonaerense durante cuatro años.

En la bicameral se preparan para citar a los espías involucrados en la utilización de “la ferretería” para pinchar las reuniones, pero también pedirán el testimonio de Dalmau y de funcionarios como Conte Grand y el exjefe de Gabinete provincial Federico Salvai.

También podrían reclamar las declaraciones de Ritondo y especialmente de Vidal, que ahora forma parte de la Cámara Baja. Esos movimientos se concretarán a la par del avance de la causa que investiga el juez Ernesto Kreplak, a partir de la denuncia que hizo la titular de la AFI, Cristina Caamaño, luego de informar el presunto hallazgo del video y desató una tormenta de especulaciones sobre el momento elegido. Se conoció una semana después del fallo de la Cámara Federal porteña, donde los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que “Super Mario Bros” era una banda de cuentapropistas. Las nuevas pruebas demostrarían lo contrario y abren una ventana inquietante sobre lo que sabía la administración de Vidal cuando la AFI había triplicado el espionaje político en la provincia que gobernó entre 2016 y 2019.  «